La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad una minuta que modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de erradicar y sancionar el acoso telefónico comercial. La iniciativa prohibirá de manera explícita que proveedores y agencias realicen llamadas o envíen mensajes persistentes con fines publicitarios sin el consentimiento previo del usuario.

El proyecto normativo establece que las empresas no podrán utilizar la información de los consumidores para fines distintos a los autorizados, ni contactar a personas que hayan manifestado su negativa o que se encuentren en los registros oficiales de rechazo publicitario. Además, la propuesta sostiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando decidan contratar a terceros o call centers para la distribución de sus campañas comerciales.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la reforma fortalece de manera drástica el régimen de sanciones. Las empresas que incurran en spam o spam telefónico no autorizado enfrentarán multas que irán desde los 56,570.00 pesos hasta los 2,345,728.71 pesos, elevando considerablemente el monto mínimo de las penalizaciones en comparación con el régimen sancionador general.

Durante la misma sesión plenaria, se notificó la reincorporación formal a los trabajos de la LXVI Legislatura de los diputados Sergio Mayer Bretón, del grupo parlamentario de Morena, y Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México. La Mesa Directiva ordenó el envío de los asuntos del orden del día a las comisiones correspondientes antes de dar paso a la sesión ordinaria vespertina. “Tampoco podrán realizar llamadas telefónicas o por cualquier otro medio no autorizado por la persona consumidora, de forma reiterada y persistente, con fines comerciales o publicitarios. Los proveedores que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información”, puntualiza el texto de la reforma.