Foto: Página13
La Secretaría de las Mujeres encabeza una estrategia interinstitucional para identificar, medir y caracterizar el fenómeno de las uniones tempranas y la cohabitación forzada en el país, con el fin de diseñar políticas públicas eficaces de prevención y atención a este problema.
Durante el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (EIEG), la coordinadora de Análisis Estratégico y Estadísticas de Género de la dependencia, Evelyn Trasviña, expuso los avances del Grupo de Trabajo de Uniones Tempranas y Cohabitación Forzada en el panel sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.
La funcionaria advirtió sobre la gravedad de este escenario en el ámbito nacional: Iniciamos el diálogo para revisar qué elementos eran susceptibles de observarse en las instituciones. En menores de 15 años nunca puede haber consenso; siempre que hay una diferencia de edad abismal o un embarazo infantil estamos hablando de coerción y violencia sexual, enfatizó.
De acuerdo con datos oficiales del INEGI, en México se contabilizan 143 mil 668 mujeres de entre 12 y 17 años en situación de unión en zonas rurales, una realidad social que habitualmente no queda asentada en los libros del Registro Civil debido a la prohibición legal de casar a personas menores de edad.
Frente a esta problemática, Evelyn Trasviña señaló que el objetivo central de la medición institucional es salvaguardar a la infancia: El reto es cómo medir esa coerción desde los datos para que sirvan a las instituciones para establecer mecanismos de atención y proteger la trayectoria de vida de las niñas, agregó.
Para dimensionar el problema con mayor precisión, la dependencia impulsa la articulación de censos,registros del sector educativo y del sector salud con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
En el panel internacional también aportaron sus análisis Daptnhe Cuevas, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; Alejandra Ríos, directora general adjunta del INEGI; Raphaelle Rafin,especialista de ONU Mujeres; Karen García, representante de la CEPAL; Adriana Oropeza, coordinadora del Centro de Excelencia de la UNODC; y Francesca Basso, analista de programa del UNFPA-LACRO.


