El Gobierno de México logró un ahorro histórico de 83 mil 800 millones de pesos durante sus primeros dos años de gestión gracias a la prevención de actos de corrupción, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria destacó que este monto se evitó mediante la detección de altos costos en compras y contrataciones. “En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública”, afirmó durante su conferencia de prensa.

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro Sánchez, detalló la distribución de estos recursos. El plan generó 29 mil millones de pesos en optimización de compras públicas, 42 mil 200 millones mediante la supervisión de contratos, 7 mil 800 millones por reorganización administrativa y 4 mil 800 millones a través de multas a sancionados.

Un caso relevante fue una licitación masiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se obtuvieron equipamientos de alta tecnología con un costo 46 por ciento menor al planteado inicialmente. Además, en materia de fiscalización, la SABG ha presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), resultando en la vinculación a proceso de 53 servidores públicos por diversos delitos.

En el rubro sancionador, la dependencia ha castigado a 4 mil 193 funcionarios públicos e inhabilitado o multado a 286 proveedores por presentar información falsa o incumplir contratos. Asimismo, tras absorber la mayoría de las funciones del antiguo organismo de transparencia, la dependencia ha resuelto 8 mil 222 recursos de aclaración.

Sobre el combate al huachicol, la mandataria aclaró que no se han detectado empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados de forma directa. No obstante, destacó que la FGR ha capturado a 2 mil 654 personas ligadas a este delito en todo el país.

Finalmente, las autoridades anunciaron que en 15 días presentarán nuevas iniciativas legislativas en conjunto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Estas reformas buscarán agilizar los juicios administrativos y asegurar que cualquier daño patrimonial causado al erario sea devuelto de manera obligatoria.