El conglomerado empresarial Grupo Salinas ha denunciado que la SCJN opera por consigna política, tras un reciente fallo que le exige saldar adeudos fiscales millonarios. Según la empresa, la decisión no es resultado de un análisis jurídico profundo, sino un mandato alineado con el gobierno, lo que minaría la independencia judicial.

En un comunicado público, el grupo sostiene que los ministros actuaron como una “oficina al servicio del poder político”, señalando que sus argumentos fueron desechados sin el debido escrutinio técnico. Acusan también que la Corte ha validado cobros dobles “inconstitucionales e inmorales” y que ha ignorado pruebas de lo que, sostienen, es un acoso político sistemático contra el empresario.

Además, Grupo Salinas anunció que recurrirá a instancias internacionales para buscar justicia, argumentando que la SCJN ha violado sus derechos humanos y no ha garantizado un proceso justo.

En su denuncia, también cuestionan la legitimidad de la Corte actual, pues consideran que algunos ministros fueron designados mediante una reforma “autoritaria” con bajo respaldo ciudadano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estas acusaciones. En conferencia matutina, afirmó que la resolución de la Corte “tiene que ver con nuestro sistema de justicia” y no con una orden política, defendiendo la autonomía del tribunal.