La lucha contra el sobrepeso y la obesidad en México ha encontrado en los impuestos una herramienta para transformar hábitos de consumo. La propuesta fiscal para 2026 plantea un incremento significativo en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a productos con alto contenido calórico, especialmente las bebidas azucaradas, que duplicarán su cuota al pasar de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, además de incluir los edulcorantes dentro del esquema impositivo. Esta medida se aproxima al umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere gravámenes de hasta 20 % para desalentar el consumo de azúcar.

“El éxito de estas políticas requiere coordinación intersectorial, educación nutricional y transparencia en la asignación de los ingresos”, señala una investigación publicada en ResearchGate y consultada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO). El estudio advierte que sin un enfoque multidisciplinario, el impuesto corre el riesgo de convertirse en una medida recaudatoria más que en una estrategia de salud pública.

La explicación se encuentra en el fenómeno de la inelasticidad, que ocurre cuando un producto mantiene su nivel de consumo a pesar del aumento en su precio. A esto se suma la limitada transparencia sobre el destino de los ingresos recaudados, sin evidencia clara de reinversión en programas de salud pública.

Desde 2014, el caso mexicano ha ofrecido resultados mixtos. Un informe del Banco Mundial indica que durante el primer año del impuesto a las bebidas azucaradas, las compras cayeron 6 %, y en el segundo año, 9.7 %, con reducciones más marcadas en hogares de bajos ingresos. Sin embargo, la recaudación por IEPS no petrolero —que incluye estos productos— se estabilizó y siguió creciendo, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Diversos especialistas coinciden en que la obesidad es un fenómeno multifactorial, influido por aspectos genéticos, ambientales, emocionales y sociales, además del entorno. Por ello, las acciones gubernamentales deben ir más allá del alza de impuestos. “Gravar productos no es suficiente si no se acompaña de educación nutricional y políticas públicas que promuevan entornos saludables”, afirman investigadores del grupo Taylor & Francis, en una revisión publicada por Dovepress.

La propuesta fiscal 2026 representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de salud pública más integral. Si se logra articular la política fiscal con programas educativos, campañas de prevención y una asignación transparente de los recursos recaudados, México podría dar un paso firme hacia la transformación de los hábitos alimenticios y el fortalecimiento de la salud colectiva. Porque más allá de los números, lo que está en juego es la calidad de vida de millones de personas.