En el marco del trabajo legislativo en comisiones unidas del Senado, la senadora Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión de Bienestar, presentó el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como parte de una reestructuración institucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta propuesta legislativa tiene como base la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, aprobada por la presente legislatura y publicada en diciembre de 2024, que establece la extinción del CONEVAL y el traslado de sus funciones al INEGI.

La senadora explicó que el objetivo de la reforma es evitar la duplicidad de funciones, reducir costos operativos y fortalecer la capacidad técnica del Estado mexicano para combatir la pobreza, asignando al INEGI la responsabilidad de:

• Medir la pobreza en México.

• Evaluar programas, metas y acciones de política de desarrollo social.

• Emitir recomendaciones y coordinar acciones con autoridades federales, estatales y municipales.

“No se puede combatir la pobreza si no se mide con datos confiables y actualizados”, señaló Chávez, al destacar que el dictamen busca una armonización legal con los cambios constitucionales ya aprobados.

La propuesta también redefine la política de desarrollo social como el conjunto de acciones dirigidas a reducir la desigualdad, el rezago y la exclusión social, con base en compromisos internacionales de desarrollo sostenible. Además, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asumir las atribuciones relacionadas con el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño.

Entre los beneficios señalados se encuentran:

• Eliminación de estructuras redundantes.

• Reducción de gastos administrativos innecesarios.

• Fortalecimiento del enfoque técnico en la evaluación social.

• Actualización de los lineamientos técnicos de medición de pobreza por parte del INEGI, conforme a las nuevas realidades sociales y económicas.

• Incorporación de lenguaje inclusivo y perspectiva de equidad de género.

Chávez destacó que esta reforma busca consolidar en una sola institución la producción, análisis y evaluación de los datos sobre pobreza, para mejorar la eficacia de las políticas públicas y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

La senadora concluyó que esta armonización legal representa un paso importante hacia una administración pública más eficiente, alineada con los principios de austeridad republicana y justicia social, y reiteró que se trata de una propuesta discutida ampliamente en ambas cámaras, que ahora se somete al análisis y votación del Pleno.