La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones de gran relevancia jurídica orientadas a proteger los derechos de la niñez, garantizar la perspectiva de género e interseccionalidad y dar certeza a los juicios administrativos y de competencia económica en el país.

En materia de familia, el Pleno de la SCJN determinó que una denuncia penal o medida de protección ministerial no justifica por sí sola la separación provisional de un menor de alguno de sus progenitores.

El fallo derivó del Amparo en revisión 85/2026, donde un juzgador retiró la custodia a una madre basándose únicamente en la apertura de una carpeta de investigación planteada por el padre.

El Alto Tribunal estableció que las autoridades juzgadoras deben realizar evaluaciones independientes,objetivas y contextualmente exhaustivas, sometiendo cualquier separación a un estricto escrutinio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Al advertirse que no se demostró un riesgo real atribuible a la madre, el pleno ordenó restituir el convenio de guarda y custodia compartida, instruyendo que el regreso del niño al hogar materno sea gradual, seguro y guiado por especialistas del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, además de elaborar una versión del fallo en formato de lectura fácil para el menor.

En el ámbito penal, al resolver el Amparo directo en revisión 3320/2026, la SCJN ordenó analizar con perspectiva de género e interseccionalidad el caso de una mujer sentenciada en el Estado de México por robo agravado en transporte público junto a su pareja.

La Corte precisó que los tribunales están obligados a juzgar evaluando individualmente las pruebas para detectar posibles dinámicas de violencia, dependencia, subordinación o vulnerabilidades como el embarazo y la maternidad, sin dar por sentada la responsabilidad ni reproducir estereotipos.

En materia tributaria local, la Corte validó en la Acción de inconstitucionalidad 17/2026 las leyes de ingresos de los municipios de Aquiles Serdán y Chihuahua, que fijan tarifas diferenciadas para permisos de bailes y foros culturales según se trate de artistas locales o foráneos, al considerar que la medida persigue el fin legítimo de fortalecer el patrimonio cultural de las comunidades.

Asimismo, mediante el Amparo directo en revisión 3412/2026, el pleno declaró constitucional la exigencia de que el cuestionario para peritos en juicios contenciosos administrativos lleve la firma autógrafa del promovente desde la presentación de la demanda, al ser una carga procesal razonable que otorga certeza al proceso.

En temas comerciales y de propiedad industrial, la Corte ratificó en el Amparo directo en revisión 2286/2026 la legalidad de los procedimientos de nulidad de marcas del Instituto Mexicano del Propiedad Industrial (IMPI), aclarando que la falta de un plazo explícito en la ley especial se subsana válidamente con el límite de tres meses fijado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Finalmente, en el Amparo en revisión 168/2026, el tribunal avaló la regulación sobre descuentos en reportes de crédito bancario supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asegurando que las reglas vigentes impiden prácticas exclusivas o abusivas que atenten contra la libre competencia en el sector financiero.