Este 1 de septiembre, el Senado de la República será sede de un acto sin precedentes en la historia democrática del país: la toma de protesta de 881 personas juzgadoras que fueron electas por el voto universal, secreto y directo de las y los ciudadanos. Con este acto protocolario, se abre un nuevo ciclo en la organización e integración del Poder Judicial de la Federación, marcando el inicio de una etapa en la que la justicia será ejercida por representantes legítimos de la voluntad popular.

La ceremonia se llevará a cabo durante la Sesión Solemne convocada a las 19:30 horas, en el marco de la primera plenaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura. De acuerdo con el procedimiento aprobado por el Pleno, las y los nuevos integrantes del Poder Judicial rendirán protesta en bloques, comenzando por las y los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), seguidos por la magistrada y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las 15 magistraturas regionales del TEPJF, y las cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.

A lo largo de la sesión, se integrarán también las magistraturas de los 32 circuitos judiciales y las juezas y jueces correspondientes, en un proceso que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la división de poderes, la autonomía judicial y la participación ciudadana en los asuntos públicos. “Este modelo fortalece la democracia y afianza la esencia republicana, porque el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político ni de las influencias o de las relaciones familiares”, se destacó en el comunicado oficial.

La renovación del Poder Judicial tiene como propósito garantizar que toda persona tenga acceso real a la justicia, proteger la función jurisdiccional de intereses fácticos o criminales, y separar de manera efectiva el ejercicio judicial del poder político y económico. Este nuevo esquema representa un cambio estructural que busca consolidar un Estado de Derecho más transparente, independiente y cercano a la ciudadanía.

Con esta toma de protesta, México inicia una etapa inédita en la vida institucional del país, en la que la justicia será ejercida por personas electas directamente por el pueblo, en un proceso que fortalece la confianza pública y la legitimidad democrática.