La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió tres resoluciones de gran impacto social que fortalecen la participación ciudadana, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la autonomía reproductiva.

En el caso de Quintana Roo, el Pleno invalidó la norma que exigía ser mayor de 18 años para participar en el Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con ello, se abre la puerta a que niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan expresar sus necesidades y propuestas. “Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos cuya voz debe ser escuchada y no solo objetos de protección”, señaló la Corte.

Respecto a Chiapas, se eliminó el requisito de ser “ciudadano chiapaneco o chiapaneca” para ocupar cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa. La SCJN concluyó que esta condición excluía injustificadamente a personas mexicanas de otras entidades, limitando su derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.

Finalmente, en Sinaloa, el Alto Tribunal declaró inconstitucional la norma que permitía sustituir el consentimiento de mujeres y personas gestantes para interrumpir el embarazo cuando se considerara que estaban imposibilitadas para otorgarlo. La Corte afirmó que esta disposición vulneraba derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía reproductiva. “Las decisiones sobre el propio cuerpo y la maternidad no pueden ser impuestas por terceros, incluso bajo la apariencia de protección”, enfatizó el Pleno.

Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma que la participación política, el acceso a cargos públicos y las decisiones sobre la vida reproductiva deben ejercerse en condiciones de igualdad, sin discriminación y con pleno respeto a la autonomía de cada persona.