Con 105 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que homologa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma que marca un antes y un después en la impartición de justicia en México. Este nuevo ordenamiento sustituye al Código Civil Federal, vigente por más de 80 años, y busca brindar certeza jurídica, eliminar confusiones y acelerar los procesos en materia civil y familiar, que representan el 70 por ciento de los juicios en el país.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que el dictamen corresponde a la minuta recibida el 12 de abril de 2024 y que las comisiones realizaron correcciones de técnica legislativa sin alterar el contenido aprobado. “Se trata de ajustes de puntuación y eliminación de referencias a leyes locales contenidas en el Código de Comercio”, precisó.

La senadora María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, destacó que el nuevo código entró en vigor en junio de 2023 y que su aplicación nacional permitirá atender el rezago de medio millón de asuntos familiares y 400 mil en materia civil. “Con este código se acabó la agonía de familiares desaparecidos que debían esperar años para obtener una declaración de ausencia o presunción de muerte. Ahora, los tiempos se reducen sustancialmente”, afirmó.

El dictamen también incorpora avances como la justicia digital, con juicios en línea gratuitos, y la implementación de los principios de oralidad e inmediatez, que agilizan los procesos y acercan la justicia a la ciudadanía. Además, se visibiliza la violencia vicaria, se fortalece el derecho a la alimentación infantil, y se responsabiliza al padrón que oculta el salario real de los empleados, para que las personas juzgadoras puedan resolver con mayor rapidez.

En materia de divorcio, el nuevo código permite que, por solicitud de ambos cónyuges, el trámite pueda realizarse ante un juez, oficial del registro civil o notario público. En adopción, se privilegia el interés superior de la niñez, garantizando su integridad física y emocional, y estableciendo mecanismos de seguimiento posterior.

“Llegó el momento de jubilar un código de 80 años de antigüedad. Es inminente la necesidad de homologar procedimientos a nivel nacional, con un código único que robustezca, unifique y agilice nuestro sistema de impartición de justicia”, concluyó Corona Nakamura.

La presidenta Laura Itzel Castillo Juárez instruyó devolver el dictamen a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento legislativo. Con esta aprobación, el Senado da un paso firme hacia una justicia más moderna, eficiente y sensible a las realidades de millones de mexicanas y mexicanos.