La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que revisará una serie de asuntos de gran trascendencia social relacionados con los derechos de pueblos y comunidades indígenas, lo que permitirá consolidar un marco jurídico que garantice su protección integral, el respeto a su autonomía y su participación efectiva en decisiones que impactan su territorio, cultura y forma de vida.

Entre los primeros casos que abordará el Pleno se encuentran los relacionados con la construcción de un complejo habitacional en Oaxaca y la autorización de centros de crianza de cerdos en Yucatán, en los que se reclama la falta de consulta previa a las comunidades y la omisión de evaluar los impactos ecológicos de los proyectos. Estas revisiones permitirán pronunciarse sobre el alcance del derecho a la consulta y su aplicación en materia ambiental.

Además, la Corte decidió atraer un asunto que plantea si una persona debe acreditar un daño concreto para reclamar que no se tomaron medidas de protección ambiental. Este análisis será clave para definir el estándar probatorio que debe exigirse a quienes se auto adscriben como integrantes de una comunidad indígena en la defensa del medio ambiente. “La participación activa de las comunidades en la protección de su entorno es parte esencial de sus derechos colectivos”, se señaló durante la sesión.

Otro tema relevante será determinar si una persona indígena puede promover un juicio individual dentro de la jurisdicción indígena en defensa de derechos colectivos, o si esta facultad corresponde exclusivamente a los órganos representativos de la comunidad. Con ello, el Pleno tendrá la oportunidad de precisar el alcance del derecho a la jurisdicción indígena y equilibrar la protección de los derechos individuales frente a los intereses de la colectividad.

También se analizarán las reglas que deben seguir las personas juzgadoras para suspender medidas provisionales impuestas por el INDAUTOR en procedimientos administrativos que involucren la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de pueblos y comunidades indígenas. Este análisis busca garantizar la legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva frente a actos administrativos que pudieran poner en riesgo intereses colectivos.

Finalmente, la Corte estudiará una posible omisión legislativa en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, al no prever procedimientos de diálogo y conciliación acordes con las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Este asunto abre la posibilidad de que se reconozca la necesidad de incorporar mecanismos comunitarios en la resolución de conflictos.

Las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 608/2025, 609/2025, 610/2025, 615/2025, así como las Solicitudes de Reasunción de Competencia 64/2025 y 71/2025, fueron resueltas en sesión de Pleno el 16 de octubre de 2025, marcando un paso importante hacia el fortalecimiento del marco jurídico que protege los derechos de los pueblos originarios en México.