La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de alto impacto que podrían sentar criterios jurídicos relevantes en materia de contratos públicos y protección alimentaria, al resolver las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 655/2025 y 672/2025 en sesión de Pleno celebrada el 29 de octubre de 2025.

En el primer caso, el Máximo Tribunal analizará una controversia relacionada con una institución financiera pública que otorgó un crédito bajo la figura de contrato revolvente, un tipo de préstamo que permite utilizar y pagar el monto varias veces. El punto central del litigio es determinar si dicha institución puede ser obligada a cubrir una deuda que corresponde a otra persona, lo que plantea interrogantes sobre los límites de responsabilidad de los entes públicos en contratos mercantiles.

El estudio permitirá delimitar con mayor precisión el papel de las instituciones públicas cuando participan en relaciones contractuales, y busca ofrecer certeza jurídica a la ciudadanía. “Se trata de evitar que alguien sea obligado a pagar una deuda que no contrajo, y de contribuir a que las relaciones contractuales sean más claras y justas”, señalaron fuentes del Poder Judicial.

El segundo asunto se refiere a la forma en que deben establecerse las obligaciones alimentarias en conflictos familiares donde podrían existir actos de violencia vicaria, es decir, situaciones en las que se utiliza a niñas y niños como medio para dañar a la madre o al padre. La Corte podría profundizar en la aplicación del interés superior de la niñez y la perspectiva de género en decisiones sobre pensión alimenticia, lo que permitiría fortalecer la protección efectiva a menores en contextos de violencia familiar.

“El análisis permitirá valorar cómo garantizar una protección efectiva a niñas y niños, considerando las dinámicas de violencia que pueden presentarse en el entorno familiar”, indicaron especialistas en derecho constitucional.

Con la atracción de estos dos casos, la Nueva Corte reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con una justicia que responde a las realidades sociales del país. Ambos asuntos podrían derivar en criterios jurisprudenciales que orienten futuras decisiones judiciales y que contribuyan a mejorar la interpretación de normas en temas sensibles para la ciudadanía.

La resolución de estos casos será seguida de cerca por especialistas, instituciones públicas y organizaciones civiles, dado que involucran temas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas: el acceso a la justicia, la protección de derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado en sus relaciones contractuales.