En sesión del 22 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones clave que fortalecen los derechos de las personas con discapacidad y garantizan el acceso a la información pública. En primer lugar, el Pleno invalidó el artículo 3, primer párrafo de la Ley Número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, al considerar que su redacción, basada en el modelo médico, presentaba la discapacidad como un padecimiento, lo que perpetuaba estigmas y estereotipos.

“La discapacidad no es una característica individual, sino el resultado de las barreras que impone la sociedad”, resolvió la Corte, al establecer que el lenguaje legal debe reflejar un enfoque de derechos humanos e inclusión. Esta decisión deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, la SCJN adoptó un nuevo criterio sobre el derecho a la consulta previa de personas con discapacidad. A partir de ahora, este derecho será analizado cuando lo solicite el impugnante, sin que ello implique invalidar automáticamente normas que puedan favorecer la inclusión. También se perfila que las personas con discapacidad tengan un papel protagónico en los procesos de impugnación, fortaleciendo su participación activa en la vida pública.

En otro fallo relevante, la Corte confirmó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que obliga a la Presidencia de la República a entregar 15 oficios firmados por el secretario particular del Presidente en 2021, relacionados con adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como capacitaciones y adiestramientos. El Pleno determinó que la reserva por motivos de seguridad nacional debe evaluarse caso por caso, y que en este asunto no existe riesgo para la seguridad nacional.

“El acceso a la información pública es un derecho humano que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social”, concluyó la Corte. Esta resolución corresponde al Recurso de Revisión en materia de seguridad nacional 4/2022, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Con estas decisiones, la SCJN reafirma su compromiso con una justicia incluyente, transparente y centrada en los derechos humanos, que reconoce la diversidad y garantiza el acceso a la información como herramienta para una ciudadanía más activa y consciente.