La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos acciones de inconstitucionalidad que marcan un precedente en la defensa de los derechos humanos en México. En sesión de Pleno celebrada el 3 de noviembre de 2025, el tribunal invalidó normas municipales que sancionaban a personas por dormir en la vía pública y eliminó disposiciones legales que restringían la participación de personas con discapacidad en órganos públicos.

En la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, la Corte declaró inválidas las disposiciones de dos municipios de Morelos que imponían multas de hasta $2,838.00 a quienes durmieran en espacios públicos. El Pleno consideró que esta medida era discriminatoria e injusta, al castigar una conducta que responde a una necesidad humana básica. “Dormir es una necesidad, no una falta. Ninguna autoridad puede sancionar a alguien por no tener un techo donde descansar”, concluyó el tribunal.

Además, se invalidaron sanciones contenidas en leyes de ingresos municipales que penalizaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”. La Corte advirtió que la vaguedad de estas normas puede generar arbitrariedad, y reiteró que las leyes deben redactarse con claridad y precisión para evitar abusos.

En la Acción de Inconstitucionalidad 51/2025, el Pleno abordó el caso de un artículo de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, que permitía remover a integrantes del Comité por haber sido declarados en “estado de interdicción”. Esta figura jurídica obligaba a las personas con discapacidad a estar bajo tutela, limitando su capacidad jurídica y autonomía.

La Corte determinó que esta figura ya no existe en el sistema jurídico mexicano, y que su uso contraviene los principios de igualdad y no discriminación. “Las leyes deben respetar la autonomía de las personas con discapacidad, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señaló el tribunal.

La SCJN reafirma su compromiso con la protección de la dignidad humana, la eliminación de prácticas discriminatorias y la construcción de un marco legal incluyente y respetuoso de los derechos fundamentales. Las decisiones del Pleno fortalecen el principio de que todas las personas, sin excepción, deben ser tratadas con justicia, respeto y equidad.