En sesión de Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un conjunto de asuntos de alto impacto social y jurídico en materia constitucional, fiscal, penal y de derechos humanos. Entre las definiciones aprobadas, el Alto Tribunal estableció que el certificado de nacimiento no atribuye automáticamente la maternidad en contratos de gestación por sustitución, precisando que la norma del Código Civil de la Ciudad de México constituye una presunción legal inicial que admite prueba en contrario para resguardar la voluntad procreacional y el interés superior de la niñez.

En materia fiscal y penal, el Pleno determinó que los recursos entregados por las AFORE a beneficiarios de trabajadores fallecidos están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al equipararse a un legado, evitando cargas impositivas inequitativas. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de una norma del Código Penal de Chihuahua que castigaba con cárcel el incumplimiento de contratos agropecuarios, reafirmando el principio constitucional de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

El Máximo Tribunal respaldó además que la Armada de México ejerza funciones de guardia costera en tiempos de paz y ordenó que, en demandas por responsabilidad patrimonial del Estado —como accidentes por descargas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, sea la autoridad la que deba probar la regularidad técnica de su servicio. Finalmente, fijó que la cláusula de pago completo del contrato colectivo de la CFE no aplica de manera adicional en condenas por despido injustificado y confirmó la constitucionalidad de exigir garantía del interés fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para suspender cobros a particulares.