La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 9 de octubre de 2025 una serie de asuntos que reafirman su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la equidad tributaria y la legalidad en el servicio público, al atraer casos de alto impacto social y validar normas que fortalecen el interés colectivo.

Entre los temas más relevantes, el Pleno decidió atraer tres asuntos que inciden directamente en la vida de miles de personas. En primer lugar, analizará el alcance de las obligaciones de las autoridades locales de salud para garantizar el acceso al aborto electivo o voluntario. Este estudio impactará especialmente en los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes en Yucatán y Chihuahua, donde se han identificado barreras administrativas para acceder a este servicio. “El acceso efectivo a la salud reproductiva es parte del ejercicio pleno de los derechos humanos”, se destacó durante la sesión.

En segundo lugar, la Corte revisará cómo debe interpretarse la regulación cuando una empresa importa mercancía de forma temporal y luego decide conservarla de manera definitiva. Este análisis busca dar certeza jurídica a las operaciones comerciales en aduanas y zonas fronterizas, y establecer reglas claras para quienes participan en el comercio exterior.

El tercer caso aborda la situación de personas desplazadas por la violencia en Chiapas. La SCJN analizará si el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimidad para promover un amparo que obligue a las autoridades estatales a emitir reglas claras de atención y protección. “Este estudio permitirá asegurar una protección legal efectiva y el apoyo real de las autoridades en casos de desplazamiento interno forzado”, señalaron los ministros. Estas decisiones corresponden a las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 383/2025, 560/2025, 562/2025 y 604/2025.

En materia fiscal, la Corte resolvió el Amparo Directo en Revisión 1442/2025, en el que avaló la Regla 3.13.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, que permite al SAT actualizar el régimen tributario de las personas contribuyentes conforme a sus ingresos reales. Esto significa que quienes superen el tope de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) podrán ser excluidos desde el inicio del ejercicio fiscal. “Cada persona debe contribuir conforme a su capacidad económica real”, sostuvo el Pleno, al considerar que esta medida fortalece la equidad tributaria sin generar incertidumbre.

En otro asunto, la SCJN resolvió el Amparo Directo en Revisión 2540/2025, donde determinó que cuando una autoridad embarga bienes y estos son vendidos por el Estado, la indemnización debe calcularse con base en el monto obtenido en la subasta, y no en el valor comercial estimado por la empresa afectada. Esta decisión se basa en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y busca proteger el interés público y la legalidad en los procesos de compensación.

Finalmente, en la Contradicción de Criterios 126/2025, el Pleno resolvió que no es posible otorgar suspensiones provisionales en amparos contra las normas que rigen la nueva carrera judicial, establecida tras la reciente reforma constitucional. La Corte subrayó que debe privilegiarse el interés social, asegurando que el servicio judicial funcione bajo altos estándares, con procesos de selección, formación, promoción y evaluación que garanticen la transparencia y la equidad en el acceso a los cargos judiciales.

Con estas resoluciones, la Nueva Corte reafirma su papel como garante del orden constitucional, al asumir con responsabilidad los temas que más afectan a la sociedad y al consolidar un sistema jurídico que prioriza la justicia, la equidad y el bienestar colectivo. Las sentencias emitidas son la única versión oficial y tienen efectos vinculantes para las autoridades involucradas.