La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, fue objeto de una aplicación indebida de una norma previamente declarada inconstitucional, lo que constituye un incumplimiento de ejecutoria. En sesión del Pleno celebrada el 24 de septiembre de 2025, la Corte dio la razón al municipio al confirmar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León aplicó de forma incorrecta el artículo 59, párrafo tercero, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual ya había sido invalidado desde la Controversia Constitucional 16/2017.

Esta disposición obligaba a los municipios del estado a adoptar modelos específicos de planeación urbana, limitando su capacidad para decidir libremente sobre el desarrollo de su territorio, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la autonomía municipal en esta materia. “La invalidez de una norma debe respetarse por todas las autoridades respecto del territorio del municipio actor”, reiteró la SCJN, al subrayar que ignorar esta determinación afectaría derechos fundamentales vinculados a la seguridad jurídica.

Las denuncias de incumplimiento fueron promovidas por el municipio de San Pedro Garza García bajo los números de identificación 1/2025, 2/2025 y 3/2025, y se centraron en actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, que continuó aplicando la norma invalidada. La Corte reafirmó que, aunque las controversias constitucionales pueden producir efectos entre las partes que las promueven, sus resoluciones deben respetarse plenamente en el ámbito territorial correspondiente.

“De lo contrario, se dejaría sin eficacia las decisiones de la SCJN”, puntualizó el fallo, que marca un precedente importante en materia de respeto a la autonomía municipal y al cumplimiento de las resoluciones constitucionales.

Con esta determinación, la nueva integración de la Corte reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional, garantizando que las decisiones tomadas en defensa de los derechos constitucionales se respeten y se apliquen de manera efectiva en todo el país.