En México, la esclavitud infantil no sólo persiste, sino que se transforma con el paso del tiempo y se adapta a las nuevas tecnologías. Hoy, niñas, niños y adolescentes no solo son víctimas del trabajo forzado en campos agrícolas, minas o maquiladoras; tampoco se limita ya a la mendicidad forzada, al reclutamiento por el crimen organizado o a la explotación sexual. A esta cruda realidad se suman formas más difíciles de rastrear y denunciar: las que ocurren a través de un teléfono celular o una computadora.

Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, asegura que “la digitalización amplía y complejiza la esclavitud infantil, la cual tiene hoy nuevas formas de explotación cuando obligan a una niña, niño o adolescente a ser un extorsionador digital, o cuando los adultos aprovechan para sus fines contenidos infantiles en las redes sociales”. La especialista señala que esta problemática ya no puede entenderse sin considerar el entorno digital como un espacio donde también ocurre la trata de personas.

Con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se conmemora el 16 de abril, la académica advierte que esta forma de esclavitud ha sido homologada en México con la trata de personas cuando se ejerce contra menores de edad. En este contexto, los niños y niñas pueden ser obligados a realizar actividades sexuales o laborales, muchas veces presentadas en redes sociales o plataformas digitales para obtener beneficios económicos por parte de adultos.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024, se ha observado un crecimiento en modalidades como la mendicidad forzada —cuando los menores piden limosna para beneficio de un adulto— y la inclusión directa de niñas, niños y adolescentes en actividades criminales. Esto ha derivado en un escenario más amplio y alarmante. “No hay una disminución, sino que se está ampliando a nuevas modalidades”, insiste Ruiz Serrano.

Pese a la gravedad del problema, en México no existen cifras precisas sobre la esclavitud infantil. Esto se debe en gran parte a que se trata de una actividad clandestina, generalmente vinculada con grupos criminales. Lo que sí se sabe, según la experta, es que “hay alrededor de tres mil 800 carpetas de investigación de 2017 a 2021 en las que se documentó el delito de trata”. Respecto al reclutamiento infantil para actividades delictivas, antes de la pandemia se hablaba de unos 30 mil menores de edad; sin embargo, después de la emergencia sanitaria, se estima que la cifra pudo haberse elevado hasta 150 mil.

“Lo que estamos viviendo en el país nos muestra una cruda realidad en diferentes estados de la República, donde se les utiliza de forma forzada y a veces aparentemente consensuada”, señala Ruiz Serrano, al advertir que la pertenencia a ciertos grupos —como el crimen organizado— puede ser una forma de “sentirse vistos”, lo que para muchos menores representa una salida ante el abandono familiar o comunitario.

Pero no todos los niños están igualmente expuestos. La especialista subraya que hay factores de riesgo claros: “Precipitan las condiciones de vulnerabilidad asuntos como la pobreza, la desigualdad social y económica, la inequidad, la falta de oportunidades, así como la violencia y el abuso que se vive dentro de la familia”. Esta combinación de contextos desfavorables es tierra fértil para que grupos criminales o explotadores encuentren víctimas sin protección.

“En las familias y comunidades no hemos logrado desarrollar un escenario de protección y cuidado, y esto ha sido aprovechado para vincularlos a grupos que generan pertenencia, como ser sicario o trabajadora sexual”, advierte. A esta situación se suma una preocupante omisión en espacios educativos. La Oficina de Derechos de la Infancia (ODI)documentó al menos 25 casos de explotación sexual infantil en etapa preescolar, lo cual pone en evidencia que ni siquiera las escuelas son espacios completamente seguros.

Ante este escenario, Carmen Gabriela Ruiz Serrano hace un llamado urgente a madres y padres de familia para ofrecer a sus hijas e hijos un “acompañamiento más sensible”. También exhorta a las autoridades a reconocer que no basta con endurecer leyes, sino que hay que atender las causas estructurales: la precarización de las familias, la falta de oportunidades y la creciente digitalización sin supervisión ni educación adecuada.

La esclavitud infantil en México no es solo una deuda del pasado; es una amenaza constante que cambia de rostro y de medios. Hoy, más que nunca, exige atención integral, compromiso social y acción urgente.