Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición durante el “priato”, es la prueba viva de la justicia sesgada que se aplica en tiempos de la cuatroté.

El exmandatario de Baja California fue detenido ayer en Ensenada por la “posible comisión” de los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

Su arresto contrasta con la tranquilidad y abierta protección oficial que reciben gobernadores de Morena involucrados en pactos con el narco.

Hablamos de Rubén Rocha Moya, acusado por EU de nexos con Los Chapitos; y Marina del Pilar Ávila, Baja California, señalada por su antecesor, Jaime Bonilla, de vínculos con el crimen organizado.

Otros dos gobernadores, Alfonso Durazo, Sonora, y Américo Villarreal, Tamaulipas, son investigados en EU por el mismo delito, según Los Ángeles Times y el NYT, pero aquí nada de nada.

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N'”.

El comunicado se acompaña con una foto actual de Ruffo y la leyenda:

“Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”.

¿Se le presume inocente y está arrestado?

¡Mmmm!

En septiembre de 2025, el nombre de Ruffo se vinculó entonces al huachicol. Compareció ante la FGR como testigo en noviembre 2025.

Negó cualquier responsabilidad y señaló que el problema radica en las aduanas. Se mantuvo disponible.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tuvo que salir entonces a desmentir en la mañanera: no existe orden de aprehensión contra Ruffo.

El propio exgobernador fue claro: “Aquí estoy, ni prófugo ni amparado”. Se presentó, incluso, como testigo ante la FGR.

El PAN hizo público un comunicado en el que señala que corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, pero exige respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Dijo confiar en que Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales, pero añadió que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos ni “jueces del bienestar”. El diputado panista y exjefe nacional de ese partido Germán Martínez se le fue con todo a la justicia sesgada de la 4T:

Nos dijo: “La FGR es una liebre para perseguir opositores y una tortuga para perseguir a los suyos. Va y los rescata, como a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.

“Con Ruffo quieren tapar lo de Marina del Pilar y sus escándalos confirmados por el exgobernador Bonilla.

“Ruffo ni ha pedido licencia ni es panista ni ha huido ni es el motivo principal de la desestabilización y la ingobernabilidad en Baja California.

“Ésta procede de los narcopactos de Marina del Pilar. No lo afirmo yo, lo afirma el exgobernador Bonilla, miembro de Morena, quien ha desmentido a la Presidenta de la República”.

Jorge Romero, presidente nacional del blanquiazul, advirtió que su partido no permitirá que este episodio se utilice para desviar la atención.

“Seguiremos insistiendo en que se investigue a fondo a la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI”, dijo en un video.

Dijo más:

“Es un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y de Rubén Rocha Moya. Exigimos su liberación.

“Es, sin duda, un preso político. Las personas honradas son ahora detenidas y los maleantes protegidos“, puntualizó.