En sesión celebrada el 6 de noviembre de 2025, el Pleno de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)emitió tres resoluciones de alto impacto que consolidan criterios en materia de competencia económica, patrimonio familiar y comercio exterior, reafirmando su compromiso con el acceso a la justicia y la certeza jurídica.

En el Amparo en Revisión 11/2025, la Corte resolvió que el programa de reducción de sanciones previsto en la Ley Federal de Competencia Económica y sus disposiciones regulatorias es constitucional. Esto permite que la autoridad ofrezca beneficios a quienes colaboren en investigaciones de prácticas monopólicas, siempre bajo reglas claras y sin afectar el derecho a la defensa ni el debido proceso. “Todas las personas deben tener posibilidad de conocer el procedimiento y defenderse oportunamente sin arbitrariedades”, señala la resolución.

En materia de seguridad patrimonial, la Corte fijó jurisprudencia en la Contradicción de Criterios 187/2025, determinando que descendientes mayores de edad (hijos, hijas, nietos o nietas) pueden solicitar la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual de una persona trabajadora fallecida, incluso si no acreditan dependencia económica. Este requisito, aclaró el Pleno, solo aplica para establecer el orden de preferencia entre beneficiarios, pero no para excluir a los descendientes del acceso a los recursos. La decisión unifica el criterio en todo el país, brindando mayor certeza y protección al patrimonio de las familias mexicanas.

En el ámbito comercial, la Corte resolvió el Amparo Directo en Revisión 3999/2025, validando la regla 6.1.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para los años 2020, 2021 y 2022. El Alto Tribunal concluyó que esta disposición es constitucional, ya que no impone cargas nuevas, sino que detalla lo que exige la Ley Aduanera. La regla faculta al SAT para autorizar la rectificación de pedimentos aduaneros después de activarse el mecanismo de selección automatizado, que permite revisar las mercancías importadas o exportadas.

Con estas resoluciones, la Nueva Corte reafirma su papel como garante de derechos en contextos económicos, familiares y comerciales, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza institucional en el sistema constitucional mexicano.