En sesión de Pleno del 25 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres asuntos clave que consolidan la certeza jurídica y la participación democrática en el país.

En primer lugar, la Corte confirmó que el proceso de revocación de mandato en Oaxaca puede seguir adelante con reglas claras y acordes con la Constitución. Se validó el requisito de reunir firmas equivalentes al 10% de la lista nominal de electores, así como la reducción de 90 a 30 días para organizar la jornada de votación y el plazo de 30 días para la recolección de firmas. El Pleno invalidó, sin embargo, la exigencia de cumplir el 10% en cada municipio y la reducción del plazo para solicitar la revocación, al considerarlas contrarias a la Constitución.

En segundo lugar, la Corte garantizó la paridad de género en Morelos, al validar reformas que crean bloques de municipios, incluido uno exclusivo para postular únicamente a mujeres como presidentas municipales. El Pleno consideró que estas acciones afirmativas son razonables y proporcionadas, pues permiten abrir espacios reales de participación en municipios donde históricamente las mujeres han estado subrepresentadas. En contraste, se invalidó la figura de diputaciones de “primera minoría” por no estar prevista en la Constitución Federal y por afectar el equilibrio entre mayoría relativa y representación proporcional.

Finalmente, la Corte reforzó la participación política de pueblos y comunidades indígenas en Nayarit, al declarar inválidas disposiciones que limitaban su intervención al “derecho a voz” o que calificaban sus cargos como “honoríficos”. El Pleno sostuvo que estas restricciones convertían su participación en meramente testimonial y vulneraban el principio de igualdad. Se confirmó que las comunidades pueden elegir representantes conforme a sus sistemas normativos internos y participar efectivamente en las decisiones municipales.

Con estas resoluciones, la SCJN reafirma su compromiso con la democracia participativa, la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de los derechos políticos de mujeres, pueblos y comunidades indígenas.