En sus primeros 100 días de trabajo, la SCJN ha mostrado un rumbo claro: poner en el centro a quienes han sido marginados de la vida pública y jurídica del país. Con 821 asuntos resueltos en el Pleno, el Máximo Tribunal ha protegido los derechos de pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, entre otros sectores.

Uno de los avances más relevantes fue la invalidación de partes de la Ley Municipal de Nayarit, que reducían la representación indígena a cargos honoríficos sin voto. El Pleno sostuvo que esa limitación convertía la participación indígena en un papel decorativo y no en una presencia efectiva en las decisiones municipales. “Las comunidades indígenas deben intervenir de manera real en la definición de políticas y proyectos que afectan su vida, su territorio y sus formas de organización”, señaló la resolución.

En materia de derechos de las mujeres, la Corte invalidó normas que criminalizaban de forma absoluta la interrupción del embarazo en Tlaxcala y validó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal, en materia de violencia vicaria. También avaló una reforma electoral en Morelos que obliga a postular exclusivamente a mujeres en un bloque de ayuntamientos, como acción afirmativa para garantizar su acceso a cargos municipales donde han estado históricamente subrepresentadas.

La protección a la infancia y adolescencia se reflejó en casos cotidianos. En un juicio sobre la propiedad de una casa donde vive un adolescente con discapacidad, la Corte ordenó resolver el conflicto priorizando su derecho a vivienda y alimentos. En otro asunto, confirmó que el delito de incumplimiento de obligaciones familiares protege de forma clara el derecho de niñas y niños a recibir alimentos, y que la expresión “sin motivo justificado” no puede encubrir el abandono de esa obligación.

La diversidad familiar también fue reconocida. El Pleno sostuvo que puede otorgarse una pensión por ascendencia cuando se acredita un vínculo real de cuidado, afecto y dependencia económica, incluso sin lazo biológico directo. Además, precisó que hijas e hijos mayores de edad pueden solicitar la devolución de recursos de la cuenta individual de una persona fallecida sin probar dependencia económica, facilitando el acceso al patrimonio familiar.

En defensa de las personas en situación de calle, la Corte invalidó leyes de ingresos municipales de Morelos que imponían multas por dormir en la vía pública, al considerar que castigaban de forma desproporcionada a quienes no tienen hogar y abrían la puerta a abusos de autoridad.

Los derechos de las personas privadas de la libertad también fueron protegidos. En un caso, el Pleno ordenó que un hombre en prisión recibiera copias gratuitas de su expediente penal para poder defenderse. En otro, estableció que cuando la autoridad de ejecución no cumple con su deber de vigilar las condiciones de internamiento, las personas pueden acudir directamente al juicio de amparo.

La agenda de derechos de las personas con discapacidad ocupó un lugar central. La Corte invalidó una reforma al Código Civil de Veracruz que ordenaba que, en caso de divorcio, una persona adulta con discapacidad quedara bajo tutela automática de un excónyuge. El Pleno afirmó que las leyes deben seguir el modelo social de la discapacidad y respetar la capacidad jurídica de las personas para tomar decisiones sobre su propia vida. En la misma línea, declaró inválida una disposición de la Ley de la Comisión Nacional de Energía que permitía remover a personas expertas cuando fueran declaradas en “estado de interdicción”, recordando que esa figura carece de sustento jurídico.

En este periodo inicial, la Nueva Corte ha apostado por una justicia que mira de frente a las personas y sus contextos. “Los derechos se construyen todos los días: cuando se protege un hogar, cuando se evita una sanción injusta, cuando se garantiza el acceso a la justicia de quien está en reclusión o cuando se reconoce la voz de quienes históricamente han sido excluidos”, se destacó en el balance de los primeros 100 días.

La SCJN reafirma su papel como garante de los derechos humanos y como institución que busca transformar la vida cotidiana de las personas a través de la justicia.