Con el objetivo de consolidar un espacio seguro, digno, respetuoso e inclusivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suscribió el Pronunciamiento Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, firmado por ministras y ministros del Pleno. Este documento vincula a todas las áreas del Alto Tribunal y convierte en obligación institucional la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

El pronunciamiento se articula en cinco ejes centrales:

• Reafirmar el compromiso con la igualdad sustantiva.
• Condenar todo acto de violencia, acoso, hostigamiento sexual o discriminación.
• Garantizar acompañamiento jurídico, psicológico y administrativo a quienes enfrenten violencia.
• Impulsar sensibilización, capacitación y formación permanente en igualdad sustantiva.
• Ratificar a la SCJN como un espacio seguro e inclusivo para todas las mujeres.

La ceremonia de conmemoración del 25N estuvo encabezada por las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Sara Irene Herrerías Guerra, junto al ministro presidente Hugo Aguilar Ortizy los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, acompañados de colaboradoras del Tribunal.

Durante el acto, Aguilar Ortiz enfatizó: “Nos pronunciamos, de manera firme, categórica e inequívoca, a favor de una política institucional de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género”.

Las ministras y ministros coincidieron en que la violencia de género debe ser investigada, juzgada, sancionada y reparada, y que el compromiso debe trascender el discurso para convertirse en práctica cotidiana. Se destacaron temas como la necesidad de alzar la voz contra la impunidad, la responsabilidad del Poder Judicial en generar precedentes protectores, el ejemplo institucional como herramienta de cambio y la urgencia de enfrentar la violencia digital.

Con este pronunciamiento, la SCJN fortalece la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, consolidando una política institucional que deberá cumplirse sin excepciones en cada espacio y proceso del Alto Tribunal.