En una jornada decisiva, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió tres fallos fundamentales que fortalecen el acceso a la justicia, la protección laboral y la certeza en las operaciones corporativas.

En el primer asunto, los ministros determinaron que la voluntad de la víctima es determinante para remitir un caso a la justicia indígena. La resolución se dio a raíz del caso de una mujer zapoteca en el estado de Oaxaca, quien se negó a que el delito de despojo cometido en su contra fuera resuelto por las autoridades de su comunidad.

Aunque la legislación oaxaqueña amplió las facultades de la jurisdicción comunitaria para juzgar delitos más graves, la SCJN estableció que no se debe obligar a las mujeres ni presuponer su envío automático a tribunales indígenas sin su consentimiento expreso. Además, la Corte ordenó traducir la sentencia a la lengua zapoteca y redactar una versión de lectura fácil para la comunidad.

En materia laboral, el Máximo Tribunal resolvió que el carácter de una persona trabajadora de confianza no depende del nombre del puesto o de un reglamento, sino de las funciones que desempeñe en la práctica. El fallo derivó de la demanda de un asistente de servicios en el estado de Morelos a quien se le negó la basificación al clasificar sus labores de limpieza como de confianza. La Corte revocó la sentencia previa y ordenó evaluar las tareas reales del empleado antes de dictar una postura.

Finalmente, al resolver una disputa entre empresas, la Suprema Corte precisó que el levantamiento del velo corporativo —medida que elimina la protección patrimonial de los socios— debe aplicarse solo de forma excepcional cuando se acredite un uso abusivo o fraudulento de la sociedad.

En este mismo caso, el Pleno ratificó que la información proveniente de un acuerdo reparatorio en un proceso penal goza de confidencialidad y no puede utilizarse como prueba en juicios civiles, garantizando así la protección contra la autoincriminación.