Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el debate público generado por la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada el 2 de octubre en el Senado. En un ejercicio de transparencia institucional, solicitó al coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicar el posicionamiento del Ejecutivo Federal respecto al principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional.
“Le pedí al doctor Arturo Zaldívar, ministro, o exministro presidente de la Corte, sobre el tema este de la retroactividad, Ley de Amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos, y que ayer fue mucho debate en las redes y medios sobre este tema”, expresó la mandataria, al destacar la importancia de brindar certeza jurídica a la ciudadanía.
Zaldívar Lelo de Larrea reiteró que el Gobierno de México no impulsa ni avala leyes ni actos contrarios a la Constitución, y sugirió de manera respetuosa a las y los legisladores clarificar el Artículo Primero Transitorio del proyecto de decreto, en el marco de un diálogo constructivo entre los Poderes de la Unión. “La Presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este Gobierno no se impulsan ni se avalan, ni leyes ni actos contrarios a la Constitución, y que no hay cabida aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna”, puntualizó.
Como parte de su propuesta, Zaldívar planteó tres adecuaciones clave para dar mayor claridad al artículo transitorio. Primero, establecer que la Ley de Amparo es una ley procesal, reconociendo que las normas deben tener un efecto pedagógico para que el pueblo las entienda. Segundo, prever con claridad que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos, y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. Tercero, aclarar que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello implique retroactividad ni afectación a derechos adquiridos.
“Las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan, y esto solamente al futuro para hacer más ágil el juicio de amparo y aprovechar las ventajas de la reforma”, explicó Zaldívar, al subrayar que el objetivo es fortalecer el acceso a la justicia sin vulnerar garantías individuales.
Con este posicionamiento, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la legalidad, la claridad normativa y el respeto a los derechos adquiridos, en un contexto donde la ciudadanía exige certeza y transparencia en cada reforma. La propuesta busca que el texto legal refleje con precisión los principios constitucionales, y que el juicio de amparo siga siendo una herramienta efectiva para la defensa de los derechos humanos.
