La frase de Chavela Vargas suele leerse como una declaración de amor a México. Lo es. Pero también puede entenderse como una pequeña rebelión contra una de las obsesiones más persistentes de la política moderna: la necesidad de clasificar, ordenar y definir con precisión quién pertenece a qué comunidad, bajo qué autoridad y dentro de qué fronteras.

Cada otoño, la Federación distribuye entre los estados una parte de los recursos que recauda. Este año, las participaciones federales crecerán cerca de un nueve por ciento. Se trata de una decisión técnica que rara vez ocupa titulares nacionales, pero detrás de esos números reaparece una pregunta que México lleva dos siglos intentando responder: ¿cómo mantener unido un país profundamente diverso sin borrar aquello que lo hace diverso?

La pregunta no es exclusivamente mexicana. De una u otra forma, ha acompañado a todos los Estados modernos. Desde el siglo XIX, la construcción nacional descansó sobre una idea poderosa: a cada pueblo debía corresponder una nación, a cada nación un territorio y a cada territorio un Estado. La fórmula prometía cohesión, solidaridad y gobernabilidad. También prometía algo igualmente importante: simplicidad.

Las sociedades, sin embargo, rara vez son así de simples.

Las personas viven rodeadas de pertenencias que se superponen. Habitan ciudades y regiones, participan en comunidades lingüísticas, religiosas o culturales, mantienen lealtades locales y nacionales, construyen vínculos familiares que atraviesan fronteras y desarrollan identidades que cambian con el tiempo. Lo que desde la distancia parece una comunidad homogénea suele revelar, al observarse más de cerca, una trama mucho más compleja de historias, memorias y formas de identificación.

México ofrece un ejemplo particularmente revelador de esta realidad. Las comunidades indígenas, los estados de la federación, las identidades regionales y la propia construcción de una identidad nacional compartida no surgieron unas después de otras ni se sustituyeron mutuamente. Se desarrollaron de manera simultánea, negociando espacios de convivencia, cooperación y conflicto. Chiapas, Oaxaca, Yucatán o el norte fronterizo llegaron al proyecto nacional desde trayectorias históricas distintas, y esa diversidad nunca desapareció por completo.

Por eso la unidad nunca fue un punto de partida.

Fue, y sigue siendo, una negociación permanente.

Quizá ahí radica una de las intuiciones más interesantes del federalismo. Solemos presentarlo como una forma de repartir competencias entre distintos niveles de gobierno. Sin embargo, su relevancia va más allá de la ingeniería institucional. El federalismo parte del reconocimiento de que las sociedades están compuestas por múltiples espacios de autoridad, identidad y pertenencia que no pueden reducirse fácilmente a una única escala política.

La historia mexicana ofrece innumerables ejemplos de esta tensión. Gobernadores que reclaman mayores recursos, estados que denuncian desequilibrios fiscales, comunidades indígenas que exigen mayores márgenes de autogobierno y una federación que intenta preservar capacidades de coordinación nacional. El mapa dice una cosa; el presupuesto, con frecuencia, dice otra. La Constitución distribuye competencias, pero la dependencia financiera suele redistribuir poder.

Sin embargo, reducir estas disputas a cuestiones administrativas sería perder de vista el problema de fondo. Lo que está en juego no es únicamente quién decide o quién recauda, sino cómo se articulan distintas formas de pertenencia dentro de una misma comunidad política.

Durante mucho tiempo, buena parte del pensamiento político asumió que las lealtades colectivas debían organizarse de manera jerárquica y excluyente. Primero la nación; después todo lo demás. Las identidades locales, regionales o culturales podían existir, pero debían ocupar un lugar secundario dentro de una identidad nacional común.

La experiencia cotidiana de sociedades como la mexicana sugiere algo distinto.

Una persona puede reconocerse simultáneamente en una comunidad indígena, en una historia regional, en una identidad nacional mexicana y en los vínculos transnacionales construidos por décadas de migración. Ninguna de estas pertenencias agota por sí sola quién es. Tampoco desaparecen porque exista alguna otra. Las identidades rara vez funcionan como compartimentos estancos. Se superponen, se complementan y, en ocasiones, también entran en tensión.

Un habitante de Oaxaca puede sentirse profundamente zapoteco y profundamente mexicano sin percibir contradicción alguna entre ambas cosas. Del mismo modo, una comunidad puede reclamar mayores espacios de autonomía sin que ello implique necesariamente rechazar el proyecto político común del que forma parte.

Y, sin embargo, buena parte de los debates políticos y mediáticos continúan atrapados en una lógica de suma cero. Las demandas de autonomía suelen presentarse como amenazas a la unidad nacional. El reconocimiento de diferencias culturales aparece asociado a la fragmentación. La diversidad se convierte en un problema que debe resolverse, cuando quizá debería entenderse como una condición con la que las instituciones deben aprender a convivir.

Detrás de estas preocupaciones existe una intuición legítima. Toda comunidad política necesita cohesión. Pero la experiencia histórica sugiere que la cohesión no depende necesariamente de la homogeneidad. Depende, más bien, de la capacidad para construir arreglos políticos que permitan coexistir a distintas formas de pertenencia sin obligarlas a desaparecer.

Quizá esa sea una de las lecciones más valiosas que ofrece el federalismo. No porque haya encontrado una solución definitiva a estas tensiones, ninguna institución lo ha hecho, sino porque reconoce algo que los grandes proyectos de homogeneización política tendieron a olvidar: las sociedades modernas siempre han sido más complejas que las categorías utilizadas para describirlas.

Vista desde esta perspectiva, la frase de Chavela Vargas deja de ser únicamente una ocurrencia sobre la mexicanidad. Se convierte en un recordatorio de los límites de nuestras propias clasificaciones. Las personas rara vez caben por completo en las categorías con las que intentamos ordenarlas. Tampoco las sociedades.

Tal vez el verdadero desafío político de nuestro tiempo no consista en decidir cuál de nuestras pertenencias debe prevalecer sobre las demás, sino en construir comunidades políticas capaces de albergar esa complejidad sin renunciar a aquello que las mantiene unidas.