México decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia: Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional frente a críticas de la OEA

Foto: Presidencia de la República

Desde Coatetelco, un municipio indígena del estado de Morelos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que el país ha tomado una decisión soberana respecto a la transformación del Poder Judicial y dejó claro que la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene injerencia sobre la voluntad del pueblo mexicano. En el marco de la asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), la mandataria abordó con firmeza las reacciones externas sobre las recientes reformas judiciales.

“Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma al Poder Judicial en nuestro país”, expresó. En ese mismo sentido, agregó: “México, de manera soberana, decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia”.

Durante el acto público, Sheinbaum celebró un hecho histórico: la elección del abogado Hugo Aguilar Ortiz, un jurista mixteco, como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo consideró una transformación profunda en la historia del país, equiparable con los tiempos del expresidente Benito Juárez.

“No puedo dejar de mencionar la profunda transformación que significa que, después de Benito Juárez, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser un indígena mixteco, votado por el pueblo de México, reconocido por el pueblo de México, un hombre honesto, un gran abogado, pero además indígena. ¿Está cambiando México? Sí, y está cambiando para bien”, señaló la presidenta ante autoridades y representantes de comunidades originarias.

En su discurso, también recordó que gracias a las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho en el artículo 2 constitucional, lo que se traduce en un cambio legal y práctico: por primera vez contarán con un presupuesto directo asignado a sus comunidades. “La gran transformación en México es que antes mandaban unos cuantos, y ahora en México el pueblo manda”, destacó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que, con la nueva reforma constitucional, la presidenta instruyó que el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se destine exclusivamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esto representa un presupuesto de 12 mil 374 millones de pesos, que este año beneficiará directamente a 20 mil comunidades en todo el país.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que 82 comunidades indígenas de Morelos ya recibieron sus tarjetas para ejercer los recursos de este fondo, en cumplimiento con lo estipulado en la Constitución y con el objetivo de fortalecer la autonomía comunitaria.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció la importancia de que estos recursos lleguen sin intermediarios, permitiendo que las comunidades decidan libremente en qué proyectos invertir. “Son el corazón de la entidad al salvaguardar las tradiciones y costumbres ancestrales”, expresó.

También el presidente municipal de Coatetelco, Luis Eusebio Onofre Jiménez, celebró esta nueva etapa, afirmando que se trata de un paso hacia la justicia presupuestaria. “Ahora democráticamente los pueblos originarios elegirán en qué se invertirá”.

Durante el evento, la presidenta estuvo acompañada por figuras clave como el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el director general de Desarrollo Regional, José Antonio Aguilar Castillejos; así como representantes de comunidades indígenas y afromexicanas de Morelos, incluyendo liderazgos comunitarios, tesoreras y guardianes espirituales.

El acto no solo marcó un momento simbólico en la historia política del país, sino también un avance tangible en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

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