La pobreza en México ha disminuido de forma significativa y positiva en los últimos años, según el economista Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. De acuerdo con datos del INEGI, menos mexicanos viven por debajo del ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades esenciales, y se ha registrado un avance relativo en la reducción de carencias sociales como el rezago educativo, el acceso a salud, seguridad social, vivienda y nutrición.

Provencio atribuye este cambio principalmente al incremento del ingreso en los hogares, derivado del trabajo, las pensiones contributivas (IMSS e ISSSTE) y el aumento de las remuneraciones. “Sin duda alguna, el factor determinante fue la decisión de duplicar el valor real de los salarios mínimos”, afirmó.

🔍 Reformas clave y evolución del salario mínimo

El académico recordó que las reformas de 2016 que desvincularon el salario mínimo de otros precios —como multas y rentas— permitieron que desde 2017 comenzara su recuperación, especialmente a partir de 2019. Este cambio estructural abrió la puerta a una política salarial más justa y efectiva.

🛠️ Retos persistentes: derechos sociales y servicios públicos

Aunque el avance es notable, Provencio advirtió que aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales. En 2024, por ejemplo:

• 24 millones de personas estaban en rezago educativo
• 44 millones carecían de acceso a servicios de salud
• 63 millones no contaban con seguridad social
• 18 millones vivían sin servicios básicos en sus hogares

Para consolidar esta tendencia, el especialista propone generar más empleos formales de calidad con seguridad social garantizada, y realizar un cambio sustancial en los presupuestos públicos para priorizar bienes como educación, salud, cuidados, agua y vivienda.

“Estamos en la paradoja de que se puede bajar drásticamente la pobreza sin que mejore significativamente la seguridad pública”, señaló, subrayando la necesidad de servicios públicos con estándares de alta calidad.

Este análisis pone sobre la mesa una verdad compleja: reducir la pobreza no basta si no se garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos sociales.