En la Conferencia de las Partes (COP30) que tiene lugar en Belém, Brasil, México presentó su actualización climática más ambiciosa hasta la fecha: la NDC 3.0. Este plan, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, redefine los compromisos de México para 2030 y 2035, integrando no solo metas de mitigación, sino también nuevas prioridades de adaptación y justicia climática.

En el componente de mitigación, México se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre un 35 % y 37 % para 2030, en un escenario sin apoyo externo. Si cuenta con cooperación internacional, la meta condicionada llega al 40 % para el mismo año. Para 2035, México establece límites absolutos: proyecta bajar a entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente sin ayuda, o entre 332 y 363 millones con cooperación internacional.

Además de la mitigación, la NDC 3.0 incluye un fuerte enfoque en adaptación y un nuevo eje para pérdidas y daños climáticos. Se reconoce la movilidad humana como prioridad, al incorporar el fenómeno del desplazamiento climático, así como mecanismos para responder a eventos extremos mediante seguros paramétricos y apoyo a comunidades vulnerables. México plantea tratar la adaptación como un asunto de seguridad nacional, un enfoque novedoso que se materializará con la primera Política Nacional de Adaptación para 2026.

Para avanzar hacia una transición energética, el país prevé modernizar sus centrales eléctricas, sustituir combustóleo por gas natural y, eventualmente, por energías limpias, con la meta de alcanzar neutralidad de emisiones para el año 2050. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló durante su intervención que México está impulsando una “acción climática con justicia social”, donde el esfuerzo debe ir de la mano con la equidad y la inclusión.

Al presentar estos compromisos en la COP30, México busca reposicionarse como actor relevante en la lucha global contra el cambio climático, pero su propuesta también ha sido objeto de escrutinio: analistas recuerdan los retos para financiar estas metas, especialmente si se depende del apoyo internacional, y cuestionan si el país podrá transformar estas promesas en acciones concretas y sostenibles.