El 2026 pinta como el año en que la “soberanía” se vuelve un discurso vacío frente a la realidad de un vecino que no respeta ni las reglas que él mismo firmó. Estados Unidos nos ve como su patio trasero. De eso no hay duda.

Los agentes del ICE tienen licencia para matar migrantes. Sólo de México van 17 desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Tres murieron en operativos del ICE y 14 más en centros de detención. ¿Extraño, no?

El más reciente se llamaba Lorenzo Salgado Araujo. Tenía 52 años. Llevaba 35 viviendo en Estados Unidos. Iba a su trabajo de construcción en Houston cuando lo agarró el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Dicen que quiso escapar, que en su huida iba a atropellar a un agente que trató de impedirlo. Lo mató en “defensa propia”, justifica la versión oficial.

Es la misma versión que se usó para explicar el asesinato en Mineápolis, Minnesota, de Rene Nicole Goodman, una madre estadunidense de 37 años, en un operativo del ICE realizado en enero de 2026. En este caso hubo cámaras que desmintieron al ICE.

La muerte de Salgado no es un “incidente”. Es un patrón. Otro mexicano muerto en un operativo del ICE en Houston que desató indignación no sólo en México, sino en la comunidad latina de Estados Unidos. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofrece una recompensa de cinco mil dólares para quien ofrezca información fidedigna del lamentable hecho. No creen en la versión del ICE.

La respuesta oficial de México frente a estas muertes ha sido tibia: más notas diplomáticas que terminan en la basura. Sheinbaum anuncia ahora que pasará a “medidas con consecuencias jurídicas”. Veremos hasta dónde llega.

Reapareció Rubén Rocha Moya 69 días después de haber solicitado licencia como gobernador de Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de EU solicitara su captura provisional, con fines de extradición, por presuntos pactos con Los Chapitos.

El protegido del régimen escribió, en su cuenta de X, que en ese lapso compareció ante la FGR para responder, puntual y veraz, las preguntas del Ministerio Público federal.

Luego de señalar que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio de Culiacán y que no lo protegen elementos de corporación federal alguna, se puso en modo víctima:

“He sido objeto de una atroz embestida mediática, de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina de gobierno de Estados Unidos son falsas. Se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha…”. ¡Pobrecito!

La ministra Lenia Batres quiere imponer su trasnochada ideología en la SCJN. Prioriza el dogma por encima de los datos y las consecuencias.

Su proyecto de gravar con ISR los recursos de las afores de los trabajadores fallecidos y su postura de que las herencias y legados paguen impuestos ilustran lo antes escrito.

Argumenta que es “injusto” que patrimonios que no provienen del esfuerzo personal del heredero queden exentos, ya que perpetúan desigualdades. Afortunadamente ya la batearon la SCJN, la presidenta Sheinbaum, pero también el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Le recordó a Batres que los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la Presidenta de la República, los senadores, los diputados y los congresos locales.

Lenia, por cierto, no fue elegida ministra por el Senado. Nunca alcanzó la mayoría calificada (dos tercios de los votos) requerida para alcanzar el cargo.

En la primera votación en la Cámara alta, realizada en noviembre de 2023, apenas alcanzó cinco votos, y dos en la segunda ronda, muy atrás de Bertha Alcalde.

El mal cálculo de la oposición llevó a Lenia a la SCJN. Al negarle los votos a Alcalde, el PAN, el PRI y MC cedieron la decisión al entonces presidente López Obrador. Así lo prevé el artículo 96 de la Constitución.

Al Partido Verde le salió el tiro por la culata. Condicionó su alianza con Morena y el PT en Chihuahua a que el candidato a gobernador del estado grande sea el alcalde morenista de Ciudad Juárez.

No quieren que la candidata de la coalición oficialista sea la senadora con licencia Andrea Chávez. No es del gusto de Jorge Emilio González, patrón de patrones en el partido del tucán, nos dicen en los corrillos políticos. Pero el rechazo al condicionamiento del Verde lo presentaron morenistas y petistas que, por separado, reclaman respeto a la elección interna y que se postule el que más apoyo popular tenga.

El tema mueve el tablero electoral en Chihuahua. Las encuestas reflejan una elección muy pareja entre Morena y el PAN, que trae un aspirante muy bien posicionado: el alcalde de la capital del estado, Marco Bonilla.

A diferencia del Senado, en San Lázaro no hay gritos ni sombrerazos para elegir al sucesor de la panista Kenia López en la presidencia de la Mesa Directiva. La ley dice que le toca al PVEM y éste ya decidió: será Raúl Bolaños Cacho.