El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no habrá dispensas ni abreviaciones en el proceso legislativo de la reforma judicial. Explicó que la Comisión de Puntos Constitucionalescuenta con cinco días para deliberar y emitir dictamen, plazo que vence el próximo martes. Ese mismo día, dijo, se celebrará sesión del Congreso General a las 16:00 horas y posteriormente la primera sesión del periodo extraordinario para discutir en lo general la reforma constitucional; el miércoles se abordarán las reservas y otras reformas previstas.

Monreal detalló que el calendario contempla concluir el análisis en la Cámara de Diputados el miércoles, enviar la minuta al Senado el viernes y turnarla a los estados durante el fin de semana, para que el lunes se haga la declaratoria de constitucionalidad y el martes se promulgue y publique, en caso de aprobarse.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone reordenar el calendario electoral para aplazar la segunda elección judicial a 2028 y permitir la revocación de mandato junto con las elecciones ordinarias. También plantea que la elección judicial se realice el primer domingo de junio de 2028, de forma concurrente con el proceso federal, y que las entidades federativas no celebren elecciones judiciales en fechas distintas. Los cargos no renovados en 2025 y vacantes se elegirán sin excepción en 2028, y las legislaturas locales tendrán 60 días para adecuar sus normas.

El diputado explicó que las personas juzgadoras cuyo cargo concluya en 2027 permanecerán en funciones hasta la toma de protesta de quienes resulten electos en 2028. Además, la reforma incluye reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, paridad de género y reorganización territorial de los circuitos judiciales en unidades más pequeñas para mayor proximidad ciudadana.

Otro punto central es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General. “Es un vínculo entre los partidos y van a tener acceso a la información del Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria”, explicó Monreal, quien subrayó que se trata de una medida preventiva para evitar que perfiles con riesgos razonables de vínculos con la delincuencia organizada sean postulados.

El legislador enfatizó que estas reformas deben ser acompañadas por todas las fuerzas políticas, pues buscan impedir que personas con antecedentes o sospechas de vínculos con el crimen organizado lleguen a cargos públicos, incluso la Presidencia de la República. “Es momento de respaldar estas decisiones legislativas para frenar cualquier intromisión o postulación de personas que tengan sospecha de vínculos con el tráfico de drogas o con cualquier modalidad del crimen organizado”, afirmó.

En cuanto a sus iniciativas para reformar el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Monreal reiteró que la propuesta concreta es declarar nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o resultados. “La idea es prevenir desde la Constitución y la ley que un gobierno extranjero o una institución intervenga en el proceso electoral”, puntualizó.

Finalmente, rechazó que estas medidas representen un riesgo de persecución política, al asegurar que refuerzan la soberanía y previenen que otros países influyan en las elecciones mexicanas.