Morena rechaza cambios del PAN sobre el comité del INE

Foto: Coordinación de Comunicación Social Cámara de Diputados

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados fijó su postura frente a las valoraciones del PAN sobre el Comité Técnico de Evaluación, rechazando propuestas que consideran contrarias al marco constitucional y a la autonomía de las instituciones involucradas.

De acuerdo con el posicionamiento morenista, el artículo 41, Base V, Apartado A, inciso a) de la Constitución distribuye expresamente las designaciones de las cinco personas integrantes del comité: tres nombradas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin condicionar esos nombramientos a una consulta previa obligatoria.

Morena argumenta que imponer por acuerdo parlamentario una consulta previa a la CNDH invadiría sus atribuciones constitucionales y vulneraría su autonomía de gestión prevista en el artículo 102, Apartado B, aunque aclara que escuchar a la ciudadanía no está prohibido si se realiza de forma voluntaria y con criterios objetivos.

Asimismo, la bancada considera que exigir ocho años previos sin ser servidor público en funciones ni tener vínculo con gobiernos o autoridades electorales es un requisito restrictivo y ambiguo, cuya ponderación subjetiva puede derivar en discriminación, citando como criterio orientador la Acción de Inconstitucionalidad 107/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre la propuesta de que la Jucopo pueda objetar o vetar los nombramientos realizados por la CNDH, Morena señala que alteraría la distribución de competencias fijada en la Constitución, crearía un medio de impugnación no previsto y desconocería que el comité no mantiene dependencia jerárquica frente a la Jucopo, conforme a criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente SUP-JE-9/2020 y acumulados.

Respecto a la presencia permanente de observadores y de representantes de cada grupo parlamentario en todas las reuniones del comité, Morena la califica como inviable en esos términos, al señalar que podría comprometer la independencia técnica, la confidencialidad de los exámenes y entrevistas, y la protección de datos personales de los aspirantes.

Finalmente, ante la petición de reducir de 100 a 25 el número de aspirantes que pasarían a entrevistas, el posicionamiento advierte que la principal preocupación jurídica es que el recorte limite injustificadamente las oportunidades de participación, por lo que Morena plantea conservar solo las medidas compatibles con la Constitución, la ley y la convocatoria para construir consensos en San Lázaro.
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