La Comisión de Estudios Legislativas Primera advirtió que las mujeres migrantes en México enfrentan riesgos específicos derivados de la precariedad económica, la falta de redes de apoyo, las barreras lingüísticas y culturales, la discriminación y las dificultades para acceder a servicios de justicia. Estas condiciones, señalaron, pueden incrementar su exposición a la violencia sexual, la trata de personas y la explotación laboral.

El dictamen aprobado el 29 de julio incorpora de manera expresa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas, con el fin de garantizar medidas de protección y políticas públicas efectivas.

De acuerdo con datos del ACNUR, en 2024 las mujeres representaron el 55 por ciento de las personas encuestadas en su monitoreo de protección en México, lo que evidencia la creciente feminización de los procesos migratorios y de desplazamiento forzado.

Las y los legisladores subrayaron que el proyecto busca fortalecer el enfoque diferencial e interseccional en las acciones del Estado, para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres en movilidad. “Estas circunstancias pueden incrementar su exposición a diversas manifestaciones de violencia”, señala el documento.