La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó los resultados de sus primeros cinco meses de trabajo bajo la nueva integración del Pleno, consolidada tras la reforma judicial. Con nueve ponencias y un solo órgano colegiado, la Corte resolvió 898 asuntos en 64 sesiones, con un promedio de 14 asuntos por sesión, lo que representa una capacidad resolutiva 5.4 veces mayor que el modelo anterior.

La institución opera con 20% menos sesiones y 10% menos ponencias, pero produce más resoluciones y con mayor deliberación. Ahora, el 100% de los asuntos es conocido por las nueve ponencias del Pleno, lo que aporta 64% más perspectivas deliberativas y fortalece la coherencia interpretativa. En diciembre de 2025 se alcanzó un récord histórico con 159 asuntos resueltos en siete sesiones.

Entre las decisiones recientes destacan la invalidez de requisitos discriminatorios en la Ley del ISSSTE para acceder a pensiones por concubinato, el fortalecimiento del estándar de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad en casos de desaparición forzada, la garantía de acceso a la justicia para infancias con discapacidad, la validación de mecanismos de protección a acreedores en fusiones empresariales y la defensa de las libertades de expresión y reunión al invalidar restricciones a la protesta social.

También se fijaron criterios para la expedición de pasaportes con respeto a la libertad religiosa, se precisó la gravedad del delito de feminicidio como determinante en la pena y se reconoció la participación política de pueblos y comunidades indígenas, consolidando un modelo de democracia intercultural.

La Corte recordó que, desde la reforma constitucional de 2021, las razones que sustentan las decisiones adoptadas por mayoría calificada del Pleno constituyen precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales. “El verdadero contenido vinculante radica en la ejecutoria misma y en las consideraciones que sustentan la decisión”, señaló el Tribunal.

Con mayor capacidad resolutiva, deliberación ampliada y precedentes más sólidos, la Suprema Corte reafirma su papel como garante de la supremacía constitucional y pilar esencial del Estado de derecho en México.