La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno analiza una reforma constitucional para revisar y corregir el esquema de pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios del periodo neoliberal, particularmente en Pemex y en la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL). Esta medida busca garantizar que los recursos públicos se utilicen con justicia y equidad, en beneficio de la ciudadanía.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales”, expresó Sheinbaum durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”. La mandataria subrayó que estas pensiones superan incluso el sueldo neto de la Jefa del Ejecutivo Federal, mientras miles de trabajadores quedaron en el abandono tras la liquidación de Luz y Fuerza.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que en el caso de LyFCL se paga un monto anual de 28 mil 074 millones de pesos a 14 mil 073 extrabajadores, de los cuales 9 mil 457reciben entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales, y 3 mil 504 tienen una pensión superior al ingreso de la presidenta. En Pemex, el monto anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos para 22 mil 316 jubilados, de los cuales 544 superan las percepciones presidenciales y 618 rebasan el salario del director general de la empresa.

Ante esta situación, el gobierno federal ha iniciado mesas de trabajo interinstitucionales con la Consejería Jurídica, IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE, SHCP y otras dependencias, para revisar la legalidad de estas pensiones y actualizar los padrones. Se emitirán circulares para normar los requisitos de pase de supervivencia, se firmarán convenios con Renapo y registros civiles, y se homologará la integración de expedientes. Además, se realiza una revisión jurídica para mejorar el intercambio de información con autoridades estatales.

La presidenta también abrió la puerta a acuerdos voluntarios: quienes reciben pensiones cuantiosas podrán acercarse a la Secretaría Anticorrupción para negociar una pensión más modesta, en apego a los principios de justicia social.

En otro tema, Buenrostro informó sobre la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos exfuncionarios de Pemex, Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga, señalando que el gobierno mexicano mantiene una política de cero impunidad. “Pemex realizó, desde 2020, acciones preventivas y de sanción mucho antes de que hubiera una investigación de Estados Unidos”, puntualizó.

De los cuatro contratos investigados, dos fueron firmados en administraciones previas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, uno fue cancelado por irregularidades en 2020 y otro se concluyó anticipadamente. Además, Pemex inició cinco auditorías internas como parte de su estrategia de transparencia.

Con esta iniciativa, el gobierno federal reafirma su compromiso con la legalidad, la austeridad republicana y la defensa del interés público, en una etapa que busca consolidar la transformación del país desde sus estructuras más profundas.