Pilotos mexicanos protestan contra Volaris por usar aviadores extranjeros en vuelos nacionales

Foto: Kevin Carter (Getty Images)

Las organizaciones Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) manifestaron su rechazo ante el permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) —a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) — para que Volaris utilice pilotos extranjeros procedentes de países como Malta y Lituania en vuelos nacionales. 
Según los sindicatos, esta decisión violaría la Ley de Aviación Civil, la regulación técnica sobre arrendamiento de aeronaves, y el principio constitucional que establece que aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por ciudadanos mexicanos por nacimiento.

ASPA advierte que con esta autorización podrían perder su trabajo entre 100 y 120 pilotos mexicanos, lo que consideran una afectación directa al empleo nacional en el sector aeronáutico. 
También señalan que permitir pilotos extranjeros abre la puerta a un “cabotaje encubierto”, y representa una “falla grave” de la autoridad reguladora, pues afecta tanto la soberanía aérea del país como las garantías laborales de los aviadores mexicanos.

Volaris solicitó esta autorización con vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, argumentando que la medida es temporal y responde a revisiones de motores en parte de su flota, lo que habría reducido su capacidad operativa.
Sin embargo, los sindicatos y representantes del gremio han cuestionado la veracidad de esa justificación, afirmando que existe suficiente personal mexicano certificado y disponible para operar dichos vuelos, por lo que no habría razón para recurrir a tripulación extranjera.

ASPA y CPAM han demandado la revocación inmediata del permiso otorgado, y llamaron a la autoridad a restablecer el cumplimiento del marco legal que protege el empleo de pilotos nacionales, la soberanía aérea y la seguridad operacional.
El debate sobre esta medida se extiende más allá de lo legal: ha reavivado preocupación sobre la defensa del empleo especializado en México y la prioridad a profesionales nacionales frente a crisis operativas coyunturales.

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