La diputada federal Laura Irais Ballesteros Mancilla, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar que las mujeres privadas de la libertad tengan acceso oportuno, continuo y especializado a servicios de salud mental desde su ingreso y durante toda su permanencia en los centros penitenciarios.

La propuesta legislativa plantea adicionar disposiciones a los artículos 36, 43 y 76 de dicho ordenamiento, con el fin de obligar a las autoridades penitenciarias a realizar valoraciones psicológicas y psiquiátricas periódicas a la población femenil en reclusión, atendiendo a las necesidades detectadas por el personal médico.

Asimismo, la iniciativa contempla la implementación de protocolos permanentes de prevención, detección y atención del riesgo suicida y autolesiones dentro de los penales, los cuales deberán incluir la identificación de factores de riesgo, la intervención médica inmediata y el seguimiento coordinado con las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

La diputada Laura Ballesteros Mancilla enfatizó que todos los servicios médicos y psicológicos prestados en las cárceles deberán regirse bajo los principios de perspectiva de género, respeto a la dignidad humana,confidencialidad y consentimiento informado, prohibiendo estrictamente el aislamiento para aquellas internas que padezcan enfermedades mentales graves.

En la exposición de motivos, el dictamen turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala que la reclusión genera afectaciones emocionales complejas derivadas del abandono familiar, la separación de hijas e hijos, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia de género vividos previa o durante la privación de la libertad.

El proyecto retoma diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que ha advertido la falta recurrente de especialistas, instalaciones e insumos para atender la salud mental en los centros femeniles, registrando una alta incidencia de episodios de autoagresión y conductas suicidas en los penales del país.

Con esta reforma, la legisladora de la LXVI Legislatura busca fortalecer la protección del derecho a la salud a cargo del Estado mexicano y consolidar los objetivos de reinserción social previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.