El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción se han iniciado 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa y se mantienen en observación 179 procedimientos adicionales. Estas acciones buscan prevenir, detectar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad en todas las áreas de la administración pública.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que se combinan medidas preventivas con la aplicación firme de la normatividad. “Cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas, se aplican sanciones sin excepciones ni privilegios”, señaló. Como resultado de estos procesos, se impusieron 27 sanciones por faltas administrativas no graves, mientras que los casos considerados graves fueron remitidos a las instancias jurisdiccionales competentes.

La administración estatal subrayó que todas las dependencias están sujetas a revisión y que cada persona servidora pública debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y buen gobierno que impulsa a nivel nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias estatales, además de la plataforma PROintegridad (prointegridad.puebla.gob.mx), atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 con diversas extensiones, para facilitar el acceso ciudadano a canales confiables de reporte.

La Secretaría atendió 5,184 señalamientos ciudadanos, de los cuales 810 quejas fueron remitidas a autoridades competentes, 540 asuntos concluidos y 270 en seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, con 168 concluidas y 46 turnadas a instancias investigadoras. Además, 1,398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos y se brindaron 2,006 orientaciones ciudadanas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. Durante el ejercicio, 77 investigaciones concluyeron y se cerraron 306 expedientes de ejercicios anteriores, evitando rezagos en la atención. Entre los casos relevantes se encuentra el expediente del Museo Internacional del Barroco, en el que continúan las diligencias para determinar responsabilidades conforme al marco legal.

Las faltas graves fueron remitidas a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, mientras que las conductas constitutivas de delito se enviaron de inmediato a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, garantizando que las investigaciones continúen por la vía penal.

El Gobierno de Puebla reiteró que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley lo determina. “El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción”, concluyó la administración estatal.