El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, afirmó que es necesario garantizar el derecho de las y los contribuyentes a recibir devoluciones fiscales más ágiles, de modo que las empresas cuenten con flujo de recursos oportuno para desarrollar sus actividades. Señaló que uno de los principales pendientes es concretar una reforma integral al sistema de devoluciones, que proteja tanto a la autoridad como a los contribuyentes mediante acuerdos conclusivos y mecanismos de conciliación, con el fin de reducir litigios que retrasan la recaudación.

Advirtió que deben cerrarse dos grandes boquetes: la facturación falsa y el huachicol fiscal, al calificarlos como “dos de los grandes horrores tributarios que tenemos”. Recordó que en 2025 se reguló el comercio electrónico, lo que permitió una recaudación positiva y cerró espacios de contrabando y competencia desleal, incluyendo operaciones de bajo valor realizadas por plataformas como Shein, Temu y Alibaba.

En otro tema, Ramírez Cuéllar calificó como desafortunado que la ministra María Estela Ríos otorgara una suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político iniciado por el Congreso local. “Con esto se le concede un blindaje político y temporal frente a las consecuencias más importantes de dicho proceso”, expresó.

El legislador sostuvo que la resolución es falaz, pues existen mecanismos institucionales para garantizar la gobernabilidad de Nuevo León sin depender de la permanencia personal del gobernador. “Decir que investigar o sancionar a Samuel García paralizaría al gobierno equivale a colocar al gobernador por encima de las instituciones y a confundir el interés público con su interés personal”, advirtió.

Ramírez Cuéllar pidió que el Congreso de Nuevo León continúe sin dilaciones el procedimiento de juicio político y que se transparenten los contratos, transferencias y operaciones señaladas por la Comisión Anticorrupción. Exigió además que la SCJN y el juzgado federal resuelvan con prontitud para evitar que la suspensión se convierta en un mecanismo de impunidad.