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Durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a respaldar las reformas al Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas y combatir dos delitos que afectan gravemente al país: el contrabando de combustibles y la facturación falsa.
“Queremos destruir una red criminal de políticos, empresarios y personas que han fincado sus fortunas a partir de estos ilícitos. Esta reforma es una acción clara del Estado para combatirlos con determinación y procedimientos legales firmes”, afirmó el legislador, al destacar que la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal y representa una herramienta clave para cerrar boquetes fiscales millonarios.
Ramírez Cuéllar recordó que estas modificaciones complementan la reforma constitucional al artículo 19, aprobada el año pasado, que establece la prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en la emisión o uso de facturas falsas. Además, planteó la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, así como de sindicatos, organismos descentralizados, notarios y fedatarios públicos, para erradicar prácticas de evasión y simulación de operaciones inexistentes.
El diputado también subrayó que las reformas recientes refuerzan la regulación del comercio electrónico, garantizando que todas las plataformas declaren sus ingresos y gastos conforme a la ley. “No se trata de una intromisión en la vida de las personas, sino de cumplir con la ley y pagar nuestras contribuciones de acuerdo con los ingresos y utilidades que obtenemos. Si realmente quieren combatir el huachicol fiscal y a los factureros, súmense a este Código Fiscal de la Federación que combate los delitos con fuerza”, concluyó.
Con esta postura, Ramírez Cuéllar reiteró el compromiso del Congreso de avanzar hacia una justicia fiscal efectiva, que permita al Estado mexicano contar con los recursos necesarios para impulsar políticas de inversión y desarrollo, y cerrar el paso a quienes lucran con prácticas ilegales que afectan a millones de contribuyentes.


