El Senado de la República recibió el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, documento en el que rinde cuentas sobre la Administración Pública Federal y los avances vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En el texto se resalta que la inversión pública y privada ha permitido consolidar un modelo enfocado en el bienestar, la justicia social y la sustentabilidad.

Entre los principales indicadores económicos presentados, destaca que durante 2026 el salario mínimo alcanzó los 315 pesos diarios, representando un incremento real del 153 por ciento en el poder adquisitivo respecto a 2018. En materia de finanzas públicas, el informe señala que la deuda del Sector Público Federal se ubicó en el 51 por ciento del Producto Interno Bruto al segundo trimestre del año, reduciéndose 1.6 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, mientras que los ingresos presupuestarios alcanzaron un avance del 96.8 por ciento de lo programado.

En cuanto a la rendición de cuentas, el Gobierno Federal reportó la emisión de 14 mil 117 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, derivando en sanciones para cuatro mil 193 servidores públicos y 132 empresas proveedoras.

Por otro lado, el apartado de seguridad destaca una disminución del 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, pasando de 87 casos diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. Se detalló además que la Guardia Nacional opera con 115 mil 979 elementos y 590 cuarteles en todo el país. Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades detuvieron a 63 mil 564 personas, decomisaron 32 mil 824 armas y aseguraron 518.7 toneladas de drogas, incluyendo 5.5 millones de pastillas de fentanilo.

Finalmente, el documento resalta la aprobación de 34 de las 38 iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, destacando reformas clave como la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas sin afectar el salario, la homologación del delito de feminicidio a nivel nacional y la reforma constitucional al Poder Judicial para la elección ciudadana de juzgadores.