La Comisión Permanente del Congreso de la Unión informó que remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de reforma del Poder Judicial. El proyecto busca perfeccionar las reglas del proceso electoral judicial y establece que la siguiente elección se celebre el primer domingo de junio de 2028.

La propuesta también adecua el marco constitucional sobre la revocación de mandato, para que se realice de manera coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Entre los cambios planteados se incluyen la reducción de candidaturas, la simplificación y blindaje del voto, la garantía de paridad de género, la organización territorial por circuito y especialidad, y la creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El documento precisa que la Corte se compondrá de nueve integrantes y funcionará en Pleno y en dos secciones. El Senado de la República deberá publicar la convocatoria para integrar el listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección. Los Comités de Evaluación, integrados por cinco especialistas en derecho, seleccionarán a las personas mejor evaluadas y garantizarán la paridad de género en las listas. Posteriormente, mediante insaculación pública, se depurará el listado a dos candidaturas por cargo.

Cada Poder de la Unión postulará dos personas: el Ejecutivo a través de la Presidencia, el Legislativo mediante votación calificada en ambas Cámaras, y el Judicial por mayoría del Pleno de la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá los circuitos judiciales en distritos y asignará candidaturas de forma aleatoria, asegurando que la ciudadanía pueda votar por todas las especialidades de su circuito. Las boletas distinguirán al Poder postulante y las especialidades correspondientes.

La jornada electoral judicial se celebrará en las mismas casillas de las elecciones ordinarias, sin intervención de representantes de partidos políticos. El escrutinio y cómputo se realizará en cada casilla, y el INE publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las personas electas tomarán protesta ante el Senado el 1° de septiembre de 2028.

El régimen transitorio establece que los cargos no renovados en 2025 y las vacantes se elegirán en 2028. Las personas juzgadoras cuyo encargo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta la elección de 2028. Asimismo, las legislaturas locales deberán adecuar sus constituciones y leyes en un plazo de 60 días tras la entrada en vigor del decreto.

La iniciativa reforma diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122, además de disposiciones transitorias de la reforma judicial publicada en 2024. El objetivo, según el documento, es robustecer la confianza pública en las decisiones jurisdiccionales y consolidar un Poder Judicial con legitimidad democrática y responsabilidad institucional frente al pueblo. “Al perfeccionar las reglas del proceso electoral judicial se robustece la confianza pública en las decisiones jurisdiccionales y se consolida un Poder Judicial con legitimidad democrática”, señala la exposición de motivos.