El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado urgente a revisar a fondo el sistema notarial en México, ante la detección de prácticas irregulares que comprometen la seguridad jurídica de los ciudadanos y la integridad institucional del país. En su intervención, subrayó que el fortalecimiento del notariado es clave para consolidar el Estado de Derecho y generar un entorno de inversión confiable y seguro. “El notariado debe ser un pilar de confianza, no un punto débil del Estado de Derecho”, afirmó.

Ramírez Cuéllar reconoció el profesionalismo de muchos notarios en el país, pero insistió en que es momento de reforzar los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Recordó que la función notarial es de competencia local, y cada entidad federativa cuenta con su propia legislación, que establece requisitos, atribuciones y sanciones. Los notarios tienen entre sus funciones la redacción de escrituras públicas, la certificación de hechos y documentos, y la formalización de actos jurídicos.

El legislador citó un reportaje periodístico reciente que reveló que al menos 562 notarios públicos han dado fe de la creación de más de 1,100 empresas fantasma, conocidas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), utilizadas para defraudar a la Hacienda pública. “Es necesario cerrar aún más los huecos legales que permiten la existencia de factureras”, señaló, al destacar que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardoha avanzado en el combate a este delito, que merma los ingresos del erario y facilita actividades criminales.

Además, Ramírez Cuéllar alertó sobre la participación de notarios en cárteles inmobiliarios, donde se han facilitado fraudes de despojo mediante la falsificación de documentos y la simulación de operaciones. Estos casos han afectado directamente el patrimonio de familias mexicanas y evidencian la necesidad de cerrar espacios a las prácticas irregulares que vulneran la certeza patrimonial y económica.

En el ámbito económico, el sistema notarial ha sido señalado por representar barreras a la competencia y a la inversión. La autoridad de competencia ha advertido que las restricciones excesivas en el acceso a la función notarial constituyen obstáculos estructurales para el libre mercado. “La inseguridad jurídica desincentiva la inversión y frena la actividad económica, porque aumenta los riesgos para las empresas, los inversionistas y los ciudadanos”, subrayó.

Ante este panorama, el diputado propuso una revisión estructural del sistema notarial basada en tres ejes: transparencia y rendición de cuentas, modernización tecnológica y reforma normativa. Estos pilares permitirían construir un modelo más eficiente, confiable y alineado con los principios de legalidad y equidad.

“México requiere un sistema notarial moderno, ético y profesional, que fortalezca la seguridad jurídica, estimule la inversión y acompañe la transformación institucional del país”, concluyó Ramírez Cuéllar, al reiterar que esta reforma no solo es necesaria, sino impostergable para blindar a la ciudadanía frente a la corrupción y consolidar un entorno de justicia y desarrollo.