En una sesión decisiva celebrada este 10 de noviembre de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió cuatro resoluciones relevantes que fortalecen la libre determinación de los pueblos indígenas y brindan certeza jurídica en procesos penales y juicios de amparo en el país.

El caso principal abordado por los ministros protege a la comunidad nahua de Alpuyeca, perteneciente al municipio de Xochitepec, Morelos, frente a las dilaciones injustificadas del Congreso de Morelos en su trámite para constituirse como municipio indígena, iniciado originalmente en 2019.

Tras casi siete años de espera, marcados por dos juicios de amparo y un acuerdo legislativo en 2024 que anuló los avances previos para exigir un nuevo ejercicio consultivo, el Alto Tribunal determinó que los legisladores vulneraron los derechos de autonomía y autogobierno de la población.

La SCJN aclaró que el derecho a la consulta es una garantía para proteger a las comunidades frente a decisiones externas del Estado, y no un obstáculo para validar una iniciativa que ya nació de una decisión comunitaria auténtica.

Asimismo, el Pleno descartó la necesidad de realizar una consulta generalizada en los municipios colindantes,al no existir pruebas de una afectación diferenciada a sus derechos colectivos.

Aunque la Corte precisó que la voluntad de la Asamblea General no crea automáticamente el municipio, sí ordenó al Poder Legislativo de Morelos que, durante su siguiente período ordinario de sesiones, emita una resolución definitiva, fundada y motivada, sin condicionarla a consultas innecesarias (Amparo en revisión 7/2026).

En materia penal, el Máximo Tribunal revisó el caso de una persona sentenciada a más de 43 años de prisión por secuestro, quien denunció que su declaración preparatoria fue obtenida bajo tortura e intimidación continua contra ella y su familia, incluso dentro del reclusorio y durante su traslado ante la jueza.

El Pleno revocó la negativa de amparo dictada previamente por un tribunal colegiado, señalando que este último omitió investigar la continuidad de la coacción al enfocarse únicamente en el lugar de la agresión y la presencia formal de un defensor, por lo que ordenó un nuevo análisis exhaustivo sobre la validez de las pruebas (Amparo directo en revisión 3805/2026).

Por otro lado, los ministros validaron el artículo 172 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, confirmando que es constitucional excluir los delitos graves del procedimiento abreviado dentro del sistema penal mixto.

La SCJN explicó que este mecanismo no equivale al del sistema acusatorio y que reservar esta vía simplificada para delitos menores no vulnera los derechos de igualdad ni el debido proceso, ya que el acusado conserva intactas todas sus garantías de defensa en el juicio ordinario (Amparo en revisión 215/2026).

Finalmente, al resolver un litigio derivado de una infracción de tránsito, el Pleno confirmó la validez de los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, los cuales regulan las causas de improcedencia y sobreseimiento.

El tribunal puntualizó que exigir requisitos procesales —como agotar un juicio de nulidad previo— brinda seguridad jurídica sin violar el acceso a la justicia, y aclaró que el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) regula únicamente su funcionamiento interno y no puede usarse para invalidar leyes mexicanas, devolviendo el expediente a un tribunal colegiado para que defina si el ciudadano debió agotar otra vía antes del amparo (Amparo en revisión 289/2026).