La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que garantizan la entrega directa de al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El Pleno de la SCJN determinó que esta medida responde al mandato constitucional del artículo 2º, que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para administrar directamente sus partidas presupuestales.

Las ministras y ministros aclararon que la entrega directa de estos fondos no vulnera la autonomía municipal, ya que las aportaciones federales están sujetas a fines específicos que buscan reducir las brechas de desigualdad, sin que la Secretaría de Bienestar actúe como una autoridad intermedia sobre los ayuntamientos.

En materia ambiental, el Alto Tribunal revocó el desechamiento de una demanda de amparo interpuesta por habitantes de Mahahual, Quintana Roo, contra las modificaciones de uso de suelo en 107.67 hectáreas destinadas a un megaproyecto.

Los pobladores impugnaron los cambios al Programa de Desarrollo Urbano al advertir posibles afectaciones ecológicas, la falta de consulta ciudadana y riesgos en el abasto de agua potable, por lo que la Corte ordenó al Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo revisar nuevamente la admisión del juicio.

Finalmente, el Máximo Tribunal ratificó la validez del incremento temporal al 30 por ciento del Impuesto General de Importación para mercancías de papel, como el papel bond, establecido en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

La resolución concluyó que el Poder Ejecutivo Federal actuó dentro de sus facultades constitucionales para proteger a los sectores productivos nacionales y brindar estabilidad a la economía frente a las condiciones del comercio exterior.