Durante su conferencia del 24 de noviembre, Sheinbaum reconoció que la propuesta para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas no será votada en el actual periodo legislativo.
Aunque se prevé que la iniciativa sea presentada antes de que concluya 2025, su dictamen y votación quedan programados para cuando inicie el próximo periodo ordinario del Congreso, en febrero de 2026. 
El retraso responde a que aún no se ha alcanzado un consenso suficiente entre el sector empresarial, los empleadores y las representaciones de trabajadores, condición que el gobierno considera indispensable para aprobar la reforma.

La propuesta legislativa busca cambiar la legislación vigente — incluyendo el Ley Federal del Trabajo y el Artículo 123 Constitucional — para establecer una jornada máxima de 40 horas semanales en México. 
El esquema planteado contempla una reducción gradual, con transiciones progresivas hacia 2030, de modo que la disminución no reduzca la remuneración ni afecte los derechos de los trabajadores.
Para muchos trabajadores —sobre todo quienes actualmente laboran más de 48 horas semanales— esta reforma representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida, equilibrar tiempos de trabajo y descanso, y actualizar las condiciones laborales al contexto actual.

Para que la reforma avance, se requiere un acuerdo amplio: empresas, empleadores y sindicatos deben coincidir en cómo implementar la jornada sin desequilibrar la productividad o los salarios. La búsqueda de ese consenso ha sido presentada por el gobierno como prioritaria.
Algunos críticos advierten que la gradualidad del plan —y su dilación hasta 2026— podrían reducir la confianza de los trabajadores, dado que implica esperar años para alcanzar la meta de 40 horas semanales.
Por su parte, sectores productivos temen que un cambio abrupto pueda afectar la competitividad o requerir ajustes operativos y de plantilla.

¿Qué sigue ahora?

• Se espera que la iniciativa formal se presente en los últimos días de 2025. 

• Su discusión, dictamen y posible aprobación quedarían pospuestos hasta el periodo ordinario de sesiones de 2026.

• El gobierno busca mantener el diálogo entre trabajadores, sindicatos y empresarios para lograr un acuerdo que garantice derechos, productividad y viabilidad económica.