El Pleno del Senado de la República aprobó, con 84 votos a favor y 28 en contra, el proyecto de decreto para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, además de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal y establece un marco jurídico de 141 artículos para regular mecanismos de inversión en proyectos de infraestructura pública estratégica, con participación de los sectores público, privado y social.

La nueva legislación introduce la figura de los “Vehículos de Propósito Específico”, que podrán constituirse mediante fideicomisos, mandatos o sociedades anónimas, con el fin de coordinar esfuerzos entre el Estado y los sectores privado y social. Asimismo, crea el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura, presidido por el Ejecutivo Federal, encargado de emitir lineamientos y recomendaciones sobre políticas y visión de desarrollo.

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto permiten que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria inmediata, siempre que los compromisos de gasto se registren conforme a los pagos asociados en los contratos de infraestructura estratégica.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Homero Davis Castro, destacó que el proyecto dota al Estado de un marco jurídico moderno y eficaz. “México vive un momento decisivo para consolidar su infraestructura logística, energética, hídrica, social y de conectividad; para aprovechar esta oportunidad, es indispensable contar con un marco jurídico moderno que permita atraer inversión, generar empleo y asegurar que cada proyecto se traduzca en bienestar para las familias mexicanas”, afirmó.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, señaló que la reforma busca corregir problemas del pasado como proyectos abandonados, pasivos contingentes sin fuente de pago y conflictos comunitarios. “Se parte de la realidad para proponer una respuesta institucional más sólida”, dijo.

En el debate, legisladores de distintas bancadas fijaron postura. Nora Ruvalcaba Gámez (Morena) aseguró que la reforma permitirá reducir desigualdades regionales y fortalecer el mercado interno, con una inversión estimada de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos. Raymundo Bolaños Azocar (PAN) advirtió que la medida rompe el principio de responsabilidad hacendaria y abre la puerta a endeudamiento. Rolando Rodrigo Zapata Bello (PRI) sostuvo que la iniciativa parte de un diagnóstico incorrecto y pone en riesgo las finanzas de los trabajadores. En contraste, Lizeth Sánchez García (PT) defendió que el dictamen fortalece la conducción estatal de la inversión en agua, energía y conectividad, mientras que Néstor Camarillo Medina (MC) pidió elevar los estándares de diseño y ejecución de proyectos para garantizar sostenibilidad y transparencia.

Finalmente, el Pleno rechazó la moción suspensiva presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI), consolidando así la aprobación del nuevo marco legal que busca ordenar y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en México.