El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, tras recibir el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se alcanzó la mayoría necesaria para modificar la Carta Magna. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con el proyecto de declaratoria que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El documento incluye los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México. Tras dar cuenta de ello, Castillo Juárez emitió la declaratoria correspondiente e instruyó que la reforma se remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La senadora subrayó que esta modificación parte de la convicción de acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos y ordenar el uso de los recursos públicos. “Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, expresó.

La iniciativa fue enviada el 17 de marzo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y plantea nueve disposiciones transitorias para su entrada en vigor. La reforma al artículo 115 fija el límite de una sindicatura y hasta quince regidurías en los ayuntamientos, bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva. El artículo 116 establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

En cuanto al artículo 134, se precisa que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados y titulares de órganos administrativos no podrán superar la percepción del presidente de la República. Además, se prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, pensiones o regímenes especiales con recursos públicos. El proyecto también establece que el presupuesto anual del Senado deberá reducirse progresivamente en los próximos cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento.