El Senado de la República aprobó, con 95 votos a favor y 12 abstenciones, la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que regula las garantías de interés fiscal. El dictamen, remitido al Ejecutivo Federal, elimina el orden obligatorio de las modalidades de garantía que deben ofrecer los contribuyentes al controvertir un crédito fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Homero Davis Castro, explicó que actualmente se privilegia como primera opción el billete de depósito, lo que genera procedimientos más lentos y costosos. “Con esta reforma se reconoce el derecho de elegir desde un inicio la modalidad de garantía que mejor se adecue a cada caso. Se trata de pasar de un esquema restrictivo a uno más flexible y eficiente”, afirmó.

La reforma también elimina la obligación de acreditar capacidad económica para acceder a determinadas modalidades de garantía, lo que, según Davis Castro, fortalece la certeza jurídica y reduce cargas administrativas.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el Estado mantiene herramientas eficaces para asegurar el cobro de créditos fiscales, pero sin menoscabar el derecho de los contribuyentes a defenderse. “Si una persona o empresa está en desacuerdo con un cobro fiscal, podrá garantizar ese adeudo con la opción que le resulte más viable, como billete de depósito, carta de crédito, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria o embargo en la vía administrativa”, indicó.

Por su parte, el senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, subrayó que la reforma no debilita al Estado, sino que hace más inteligente el sistema. “Cobrar bien no significa hacerlo de manera torpe, sobre todo ante quien busca regularizarse”, añadió.

El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, reconoció que el dictamen corrige un exceso en el Código Fiscal, aunque votó en abstención al considerar que México requiere una política fiscal más seria y estructural.

La Mesa Directiva también turnó a comisiones un proyecto devuelto por la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que abre la puerta a nuevas discusiones sobre la relación entre contribuyentes y el Estado.