El Senado de la República aprobó con modificaciones el proyecto de decreto para reformar la Ley Aduanera, con el objetivo de fortalecer y modernizar el marco jurídico que regula el comercio exterior en México. La reforma fue avalada en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y en lo particular con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención, tras incorporar una propuesta del senador Homero Davis Castro, de Morena, sobre la entrada en vigor del decreto.

La modificación establece que el decreto comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, salvo el artículo 86 A fracción Primera Segundo Párrafo, que entrará en vigor un mes después. Otros artículos, como el 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145, se activarán tres meses después, para permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.

Durante la sesión, se rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados con los cambios aprobados.

Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que la reforma no obstaculiza operaciones legítimas, sino que las facilita con certidumbre y trazabilidad, sancionando a quienes distorsionan el mercado formal. “Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, calificó el nuevo marco jurídico como un “nuevo pacto entre el Estado, las empresas y la sociedad”, donde la tecnología se convierte en aliada de la justicia fiscal. “Esta reforma moderniza sin privatizar, fiscaliza sin abusar y recauda sin castigar”, agregó.

Entre los cambios más relevantes, se propone la creación de un Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre autorizaciones y patentes aduanales, y se otorgan facultades concurrentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para el post-despacho de mercancías. También se contempla la celebración de convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el análisis de datos.

La reforma elimina la patente vitalicia para agentes aduanales, estableciendo un uso máximo de 20 años, sujeto a requisitos legales y certificaciones periódicas cada tres años. Además, se refuerzan los controles para evitar evasión fiscal, subvaluaciones y declaraciones incompletas, incorporando al expediente electrónico documentos como el CFDI, facturas comerciales y carta porte.

La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, defendió que la reforma es una política de Estado que protege la economía nacional y consolida una hacienda pública fuerte. “Es una administración moderna y un sistema aduanero al servicio del pueblo”, expresó.

Desde el PAN, Raymundo Bolaños Azocar criticó que la reforma no combate de raíz la corrupción y convierte a los agentes aduanales en “chivos expiatorios”. En contraste, el senador Waldo Fernández González, del PVEM, destacó que la reforma fortalece el papel de México como destino atractivo para la inversión y el comercio internacional.

El senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, advirtió que la reforma vulnera los compromisos del país en el T-MEC, al imponer sanciones excesivas y facultades discrecionales. Mientras que Lizeth Sánchez García, del PT, señaló que responde a presiones geopolíticas y ofrece beneficios concretos sin crear nuevos impuestos.

Finalmente, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, acusó que la reforma no combate el huachicol fiscal y genera incertidumbre jurídica, lo que podría afectar el dinamismo del comercio exterior.

Con este paso legislativo, el Senado busca avanzar hacia un sistema aduanero más eficiente, transparente y profesionalizado, que impulse el desarrollo económico sin aumentar la carga fiscal para la ciudadanía.